Cristóbal Montoro
Cristóbal Montoro, imputado por favorecer a empresas gasísticas cuando era ministro de Hacienda
El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona pide investigar a Montoro por presuntamente traficar con la modificación de leyes a cambio de beneficios económicos.
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El exministro de Hacienda del Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, ha sido imputado por un juzgado de Tarragona por favorecer a empresas gasísticas desde el ministerio que dirigía. El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Tarragona pide investigar al exministo por presuntamente traficar con la modificación de leyes a cambio de beneficios económicos.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, el titular atribuye a Montoro -que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy- y a una treintena de investigados los delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
La investigación comenzó en 2018 y revela que hasta en dos ocasiones, empresas gasísticas contrataron a Equipo Económico (EE) para que hiciese uso de su "red de influencias" con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones, como por ejemplo para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.
El magistrado considera que Cristóbal Montoro, que fue consejero de Equipo Económico hasta abril de 2008 y ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las normas, hizo supuestamente "uso de las potestades" que le correspondían en la iniciativa legislativa de su ministerio, "lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE".
"El uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público", apunta el juez. El auto detalla además que Montoro nombró entre sus altos cargos "a personas estrechamente vinculadas al despacho EE, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyectos de reglamentos se redactasen 'a demanda' de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello".
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