Hacienda

Los inspectores de Hacienda exigen la dimisión inmediata de María Jesús Montero tras el acuerdo para la financiación en Cataluña

Consideran que este acuerdo dinamita el sistema tributario, que es ilegal y que vulnera los principios de igualdad y solidaridad creando ciudadanos de primera y de segunda.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de visitar las obras de urbanización del solar del antiguo cuartel de Artillería 'Daoiz y Velarde'. A 11 de julio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras auto de TS sobre pagos y donaciones de Ábalos: "Estamos muy tranquilos y todo está absolutamente en orden". 11 JULIO 2025 María José López /...

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La reacción de los inspectores de Hacienda al acuerdo anunciado el pasado lunes entre el Gobierno y la Generalitat no ha tardado en llegar. Este miércoles, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha pedido la dimisión de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero ya que "como mínimo tendría que haber comparecido siendo la máxima responsable de la hacienda pública española", en palabras de Ana de la Herrán, presidenta de la IHE.

"Existe una incompetencia manifiesta en la dirección de nuestro ministerio. Debería asumir una responsabilidad y no aplicar este acuerdo. Si no lo hace, se van a ocasionar unos graves perjuicios a nuestros ciudadanos de forma irreparable", ha dicho en rueda de prensa.

"Perjuicios irreparables para los ciudadanos"

Durante este encuentro, han pedido en reiteradas ocasiones que el acuerdo no salga adelante porque de ser así "tendría consecuencias graves e irreversibles". Para la asociación supondría "la ruptura de la caja común". Recalcan que se trata de un "sistema ilegal" ya que, aseguran, que la denominada “Financiación Singular de Cataluña” no tiene amparo en la Constitución, y que, de aplicarse, se incumplirían los principios de igualdad y de solidaridad, entre otros". Consideran este acuerdo una "barbaridad" e "irresponsabilidad de los políticos con graves consecuencias para el conjunto de los ciudadanos", sin que beneficie tampoco a los catalanes.

"Llevo 40 años trabajando como inspector en la Administración tributaria y no ha existido en todo este tiempo una situación tan grave como la actual. Si esto se lleva a cabo, empezando por el IRPF en 2026, estamos asistiendo a la voladura del sistema tributario actual", ha denunciado José María Peláez, portavoz de la asociación de inspectores de Hacienda.

Consecuencias contra el fraude fiscal

Los inspectores señalan, también, otra consecuencia: "los graves perjuicios que se producirían en la lucha contra el fraude fiscal". Uno de los principios básicos de aplicación del sistema tributario es que el control de actividades económicas ha de ser de carácter integral "para garantizar una mínima eficacia en la lucha contra el fraude". Un control disgregado entre varias Administraciones" dificultaría enormemente la eficacia en la lucha contra el fraude, sobre todo en los fraudes de carácter organizado, como las tramas de IVA".

Además, añaden un ejemplo: Los funcionarios de la Agencia Tributaria ha recibido formación específica sobre criptomonedas y consideran que "la agencia tributaria catalana no va a tener ni información ni bagaje para detectar ciudadanos catalanes con ganancias en criptomonedas".

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