Investigan a un notario de Barcelona por estafar a personas vulnerables: "Si se demuestra, que me condenen de por vida"

Según la policía catalana, la mayoría de las víctimas son personas de avanzada edad o con discapacidad que creían firmar un préstamo cuando en realidad estaban aceptando una opción de compra sobre su vivienda. Nada les hacía sospechar, al tratarse de una firma ante notario.

Los Mossos destacan que los implicados forman un "entramado de personas físicas y jurídicas" que, en convivencia con la figura del notario, "actúan de forma conjunta para hacer creer a las víctimas que están formalizando un préstamo personal, cuando realmente están firmando la venta de su inmueble a un precio irrisorio".

En declaraciones para Antena 3 Noticias, el investigado S.G.D. niega los hechos y denuncia un perjuicio personal y profesional: "Llevo 30 y pico años en esto, he firmado 60.000 escrituras y no he tenido queja de nada". Asegura que cuenta con documentación suficiente para demostrar su inocencia y defenderse judicialmente: "Si se pueden demostrar todas estas barbaridades que me inhabiliten y me condenen de por vida".

El caso está en manos del juzgado de instrucción número 32 de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, que investiga si hubo abuso de confianza, falsedad documental o dolo. Para ello se están recabando testimonios, peritajes documentales y revisiones en registros de propiedad. De confirmarse los hechos, se trataría de un grave atentado contra los derechos de personas vulnerables.

El Colegio Notarial de Cataluña se ha personado como acusación particular como "primeros interesados en cortar de raíz" cualquier posible mala praxis. De confirmarse algún delito el colegio decidirá qué pena solicita para el notario implicado.

Subrayan la excepcionalidad de este tipo de prácticas cuyos antecedentes, aseguran, se remontan a 2015 con el caso Cocoon, en el que se posicionaron "del lado de las víctimas".

Un episodio que reaviva el debate sobre la necesidad de una protección legal reforzada para personas en situación de vulnerabilidad y la importancia de garantizar asesoramiento independiente y mecanismos de control que eviten fraudes o abusos. Entre los afectados se encuentran personas mayores de 80 años y ciudadanos con discapacidad reconocida que aseguran que confiaron plenamente en el notario y no recibieron explicaciones claras sobre las consecuencias legales. Tiempo después de la firma de documentos, descubrieron la pérdida de sus viviendas o la privación de derechos sobre sus propiedades.

Aunque la fiscalía ha solicitado la suspensión cautelar de empleo para el notario, de momento sigue ejerciendo y está previsto que declarare el próximo día 31 de octubre.

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