Declaración Fiscal General del Estado
García-Castellón, sobre la declaración del fiscal general: "Jamás imaginé verlo sentado en el banquillo como un ciudadano más"
El magistrado jubilado alerta de que casos como este “debilitan la democracia” y denuncia presiones “intolerables” sobre el Tribunal Supremo.
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El magistrado jubilado de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha lanzado un duro diagnóstico sobre el clima político y judicial en España durante una entrevista en Espejo Público. El juez, ya retirado, ha valorado la declaración del fiscal general ante el Supremo y ha expresado su preocupación por el deterioro institucional. “Unas cosas al lado de otras debilitan la democracia… de una forma, para mí, aterradora”, afirma, aludiendo a la imagen del fiscal general sentado “como un ciudadano más” en el banquillo.
García-Castellón señala que la base del sistema democrático es el imperio de la ley y que cuestionarlo “es cargarse el Estado de derecho”. En esa línea, critica abiertamente la presión que, a su juicio, están recibiendo los siete magistrados del Tribunal Supremo encargados de resolver el caso: “Es intolerable que se ponga en tela de juicio su prestigio desde un aparato mediático importante”.
“Echo de menos el sistema anglosajón”
El magistrado lamenta que en España se haya quebrado el respeto tradicional hacia las resoluciones judiciales y recuerda que hace pocos años los políticos evitaban comentar sentencias. Reivindica la crítica, pero distingue entre opinión y ataque: “Otra cosa es acusar de lawfare, que en realidad es acusar de prevaricación sin atreverse a decirlo”.
El riesgo de extender la desconfianza
García-Castellón pone como ejemplo el caso del juez Peinado, que afrontó cuatro querellas por prevaricación, todas archivadas. “Si un tribunal ya ha dicho que no hay prevaricación, ¿por qué se sigue insistiendo?”, se pregunta.
El juez alerta de que este clima no sólo erosiona la confianza en los magistrados, sino también en Fiscalía, Abogacía del Estado y en unidades como la UCO, lo que, asegura, termina afectando al ciudadano más vulnerable: “El débil acabará pensando que el juez que le investiga también prevarica. Y eso destruye el sistema”, sentencia.
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