¿Existe un doble rasero en la Justicia en función de quién cometa el delito?

Somos el segundo país del mundo donde más ha crecido la percepción de corrupción. En España hay, ahora mismo, 1.661 causas abiertas por delitos relacionados con la corrupción. Hay muchos políticos imputados, pero muy pocos encarcelados. Actualmente sólo 23 cargos políticos están cumpliendo condena en prisión.

Luís Barcenas, extesorero del Partido Popular lleva un año en prisión preventiva a la espera de que se celebre el juicio. Bárcenas se enfrenta a 14 delitos, 10 contra la Hacienda pública. De ser considerado culpable, se enfrentaría a un máximo de 62 años de cárcel. Otro político que está en la cárcel es Jaume Matas. El exministro y  expresidente de Baleares, de momento ha sido condenado a 9 meses de prisión por un delito de trafico de influencias, pero podría enfrentarse a mas de 24 años de cárcel. María Antonia Munar, la que fuera presidenta del Consejo de Mallorca. Se enfrenta a cinco años y medio de cárcel por conceder dos subvenciones irregulares de 120.000 euros, a una productora de la cual era co-propietaria. Pero la condena más alta hasta la fecha en España por corrupción es la de Juan Antonio Roca, el cerebro del Caso Malaya. El creador de la trama urbanística que dejó un agujero de 500 millones de euros en el Ayuntamiento de Marbella. A Roca se le condenó a once años de cárcel y a pagar una multa de 240 millones de euros.

Pero el panorama cambia bastante cuando los delitos no los cometen los políticos tanto en el tiempo de resolución, como en las penas que se imponen. Emilia, una madre de Valencia que se encontró una cartera en la calle utilizó una tarjeta que encontró en su interior para comprar pañales y alimentos para sus hijas. En total se gastó 193 euros. Pues bien, por eso fue condenada a un año y nueve meses de prisión. Después de la fuerte respuesta social que hubo, la sentencia se suspendió y poco después el Gobierno indultaba a esta madre de Requena. Tras los disturbios que se produjeron en el centro de Madrid en Mayo de 2011, un grupo de jóvenes se enfrenta a la Policía al final de una manifestación. La pasada semana conocíamos que la Fiscalía ha pedido en total 74 años de cárcel para algunos de estos manifestantes.