En julio pasado, Susana solicitó al Ayuntamiento de Málaga un teléfono de asistencia. Su expediente fue tramitado en Madrid junto al informe policial en el que su caso se calificaba de riesgo bajo. A partir de aquí existen versiones diferentes. En la Delegación del Gobierno se afirma que lo que solicitó no era de protección, sólo asistencia y además la petición tenía un defecto de forma.
Vecinos y amigos de la víctima se concentraban este miércoles en señal de protesta. La mujer era muy conocida en la barriada malagueña de El Palo. Allí todos saben que estaba en proceso de separación y que al agresor le suspendieron los dos años de prisión a cambio de la asistencia a cursos en materia de igualdad. El Ayuntamiento de Málaga presento el pasado año, 18 solicitudes de asistencia, siete le fueron denegadas.
El presunto agresor había asistido "con normalidad" a nueve sesiones, y no había faltado a ninguna, dado que en el momento en el que a un condenado se le aplica una suspensión de condena, si se ausenta sin justificación se notifica el incumplimiento al juez. La Ley de Violencia de Género prevé este programa de los servicios sociales penitenciarios para personas sin antecedentes penales cuando la pena es inferior a dos años de prisión, y corresponde al juez tomar la determinación de suspender la condena condicionada al cumplimiento del curso.
Estaba previsto que, una vez que J.R.C. hubiese completado las sesiones, se hiciera un seguimiento individual, que se habría prolongado hasta septiembre. El curso en materia de igualdad que estaba siguiendo el presunto agresor de Málaga consta de varias horas por sesión, en la que los psicólogos inciden en aspectos como el respeto, la identificación de los factores de riesgo, el reconocimiento del daño y factores culturales, y se incide en el control de los impulsos.
El programa es parecido al que siguen los presos condenados por delitos de violencia de género, aunque para ellos tiene carácter voluntario, al estar privados de libertad, han añadido las fuentes.
El pasado agosto, una comisión del antiguo Ministerio de Igualdad y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) denegó el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia machista a la expareja del condenado.
