Tensión en el macrodesahucio de un bloque okupado en La Mina, en Barcelona

A las 8:00 horas de la mañana llega la comitiva judicial al bloque de 58 viviendas públicas okupadas desde hace casi 9 años en el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besós (Barcelona). Tres familias - dos de ellas formadas por un solo progenitor con dos menores a su cargo cada una, y una tercera con tres hijos- son desahuciadas. En el exterior 50 vecinos protestan contra el desalojo.

Entre los manifestantes hay vecinos afectados y miembros de organizaciones en defensa de la vivienda. Varias furgonas de los Mossos d'Esquadra están desplegadas en la calle que se ha cortado al tráfico. Antes de la llegada de la policía, los vecinos habían colocado vallas y reforzado la entrada del edificio con trozos de madera para dificultar el acceso. Sin embargo, los agentes logran entrar tras retirar los obstáculos y forzar la puerta de acceso.

Momentos de tensión

El desalojo ha provocado momentos de tensión entre los vecinos afectados y los agentes de los Mossos d'Esquadra. Algunas personas han recriminado la actuación policial y han pedido que se tenga en cuenta la situación de las familias que viven en el edificio, donde también hay menores Un grupo de manifestantes se ha desplazado hasta la sede del Consorcio de La Mina, organismo responsable de la gestión y transformación del barrio y han lanzado piedras y huevos contra la fachada.

Minutos después cuando una representante de los servicios sociales ha salido del bloque afectado un grupo de manifestantes la ha empezado a perseguir. Un agente ha tenido que protegerla y custodiarla hasta que ha conseguido refugiarse en un edificio.

Primeros desahucios de los 58 previstos

Este desahucio es el primero de un amplio operativo que está previsto que continúe hasta el próximo mes de diciembre . Los 58 pisos okupados se construyeron en 2010 con el objetivo de ofrecer un realojo en el mismo barrio a los afectados por el derribo de Venus. Sin embargo, las viviendas acabaron vacías debido a los desacuerdos entre las administraciones y los vecinos sobre los criterios y las condiciones del realojo.

Tras años de abandono, en el verano de 2017 comenzó una ocupación masiva. Aunque los bloques contaban con vigilancia permanente, esta acabó desapareciendo cuando estalló un caso de desvío de fondos públicos a clanes familiares para llevar a cabo dicha vigilancia.

El Sindicato de la Vivienda denuncia que desde hace años las familias reclaman regularizar su situación y acceder a contratos de alquiler adaptados a su renta y alegan que dos de los tres hogares desahuciados cuentan con informe de vulnerabilidad. “Exigimos que se estudien los casos familia por familia para garantizar una solución real”, reclaman. Desde el Consorcio de La Mina -formado por la Generalitat, la Diputación y los Ayuntamientos de Sant Adrià y Barcelona- alegan que en la mayoría de los casos no se trata de familias vulnerables a las que se pueda ofrecer una alternativa: “No son casos en seguimiento” de servicios sociales.

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