Estado de alarma

Pilar Llop, tras la decisión del TC de declarar inconstitucional el estado de alarma: "El Gobierno respeta, pero no comparte"

El primer estado de alarma que decretó el Gobierno para hacer frente a la pandemia no se ajustó al marco legal. Así lo ha resuelto hoy el Tribunal Constitucional.

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El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el primer estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia de coronavirus el pasado mes de marzo de 2020.

Las reacciones del Gobierno no han tardado en llegar. El Ejecutivo central ha expresado este miércoles su respeto por la decisión del TC pero muestra su "sorpresa por su carácter inédito". Afirman que esta herramienta era "absolutamente imprescindible para salvar vidas" y que se adoptó "acorde a la Constitución y la ley orgánica del estado de alarma". Asimismo, defienden que sin el estado de alarma no hubiera sido posible "mantener las medidas necesarias" para parar el avance del virus "más allá de 60 días".

La ministra de Justicia, Pilar Llop, también ha dejado claro en rueda de prensa que "el Gobierno respeta, pero no comparte" y que, por consiguiente, "analizará profundamente dicha resolución". "En aquel momento el deber era tomar medidas inmediatas, urgentes y proporcionadas para defender la vida de millones de compatriotas. El confinamiento y la conducta ejemplar de los españoles nos permitió frenar al virus".

Vox aplaude la decisión

Mientras, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha aplaudido la medida argumentando que el estado de alarma, "la mayor vulneración de derechos de la historia fue inconstitucional. Solo Vox votó en contra y recurrió ante el Tribunal Constitucional para defender los derechos y libertades de los españoles".

Por su parte, Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, ha reiterado la necesidad de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a una crisis sanitaria. "Tremendo varapalo judicial al Gobierno, que pone de manifiesto que España necesitó y necesita una Ley de Control de Pandemias y que Sánchez fue irresponsable y negligente por no impulsarla".

Confinamiento inconstitucional

La resolución ha estado muy ajustada puesto que 5 de los 11 magistrados han votado en contra. El sentido del undécimo voto, que ha correspondido a la vicepresidenta del tribunal, Encarnación Roca, elegida a propuesta del PSOE, ha decantado al Tribunal.

El texto mantiene que la suspensión de un derecho fundamental se habría podido hacer a través del estado de excepción, pero no del estado de alarma. Por lo que confinar a toda la población no es una "limitación", sino una "suspensión" del derecho fundamental a la libre circulación de las personas. El fallo final resume por tanto que el confinamiento general no se ajustó al marco legal.

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