Los procesados por el 'caso Karate', que se enfrentan a solicitudes de condena que suman 620 años de prisión, han rechazado los hechos que se les imputan tras la lectura de los distintos escritos de calificación en la primera sesión de este macrojuicio, que durará hasta el mes de diciembre, y en la que se ha acordado que sus declaraciones ante el tribunal sean públicas.
La sala, presidida por el magistrado Emilio Moya, decidirá en los próximos días si el resto de la vista se celebrará a puerta cerrada, como han solicitado el fiscal Pedro Gimeno y las dos acusaciones particulares, pero ya ha adelantado que tomará medidas para evitar que este caso se convierta en un "festín mediático". Juan Luis Colange, abogado del excarateka Torres Baena, para el que se demandan 302 años de cárcel, ha reclamado que todas las sesiones del juicio sean abiertas a la prensa y al público, porque asegura que "no tiene nada que esconder" su defendido, mientras que las otros tres letrados de la defensa no se han opuesto.
Las tres acusaciones han subrayado la importancia de que celebra la vista a puerta cerrada para preservar la identidad e intimidad de las víctimas y de sus familiares, sobre todo porque se dan casos en los que algunos denunciantes han conseguido rehacer sus vidas con gran esfuerzo y tienen nuevas parejas sentimentales que desconocen los hechos y, por lo tanto, los daños que se les puede causar serían irreparables, ha indicado el fiscal.
Además, las acusaciones no quieren que las víctimas tengan que declarar ante los procesados, pues, según el fiscal, de nada serviría haberlas numerado para evitar citar su nombre si después tienen que mostrar sus rostros y ofrecer sus testimonios sobre los "detalles más obscenos que afectan a su existencia".
Colange ha planteado en las cuestiones previas que se ha vulnerado el derecho a un juicio justo de su defendido al sostener que al inicio de las diligencias policiales, tras la primera denuncia de una de las víctimas, se "gestionaron los tiempos" para que la instrucción recayera en un juez determinado. El letrado, además de sostener que no se siguió el "protocolo policial" en las primeras diligencias, ha señalado que la declaración del secreto del sumario, que a su juicio no estaba justificado por la naturaleza de los delitos, generó indefensión para su cliente. Ambas cuestiones fueron rechazadas por el fiscal, quien ha manifestado que las apreciaciones de Colange están en la línea de la teoría de la "eventual conspiración" por parte de los testigos que plantea Torres Baena en su defensa.
Gimeno ha dicho que la Policía necesita "tiempos" y hacer "verificaciones" de las denuncias y ha defendido, por las especiales características de los hechos, tanto el secreto del sumario como su duración, que fue "muy prudente" y que en ningún caso se menoscabó el derecho a la defensa. La vulneración del derecho de proposición de prueba y la aportación de nuevas pruebas por parte de las defensas también fue rechazada por el fiscal, así como la presentación de nuevas periciales.
El letrado de la acusación que representa a 25 de las víctimas, José María Palomino, ha apuntado además que es extemporánea y carece de fundamento la queja de Colange de que se pretendiera recaer en un juez determinado el caso dos años después de iniciado, algo que las anteriores defensas de Torres Baena no habían planteado. Palomino también ha señalado que los abogados de la defensa pudieron asistir a las declaraciones de las 81 víctimas y testigos que se tomaron durante la instrucción, por lo que no ha habido indefensión alguna.
En su exposición, Palomino expresó su "sorpresa" por el informe elaborado por la defensa de Torres Baena después de admitir el tribunal un estudio psiquiátrico de su cliente, ya que no lo ha efectuado el experto que se propuso y su contenido dista del pretendido. La otra acusación particular ejercida por Pedro Padilla, que representa a una víctima, también rechazó las cuestiones previas planteadas por la defensa de Torres Baena y del resto de los acusados.
