Ai Weiwei no podrá hablar con la prensa ni utilizar Twitter ni salir fuera de Pekín

El acoso contra Ai hace dudar de la versión del Gobierno chino que asegura que el artista fue detenido por delitos económicos y que el miércoles fue liberado tras confesar que había evadido impuestos.

"La clave son estas dos condiciones: los medios e Internet", señaló una fuente próxima a la familia. Ai tiene libertad para moverse en Pekín, pero "antes de salir más allá tiene que informar sobre su paradero" durante el próximo año, según la fuente.

El disidente fue liberado el miércoles, un día antes de que el primer ministro chino, Wen Jiabao, se dirigiese a Europa en visita oficial. Londres y Berlín han criticado en varias ocasiones el arresto de Ai.

El Gobierno chino ha negado que las condenas internacionales hayan provocado la liberación de Ai, aunque todavían siguen desaparecidos tres colaboradores del artista. El asistente Wen Tao, el contable Hu Mingfen y el diseñador Liu Zhenggang desparecieron en abril tras una amplia represión de la disidencia y varios activistas.

Catherine Baber, subdirectora de Amnistía Internacional para Asia-Pacífico, señaló en un comunicado que "los menos famosos (entre los detenidos) son los que corren más peligro" y pidió la liberación inmediata de estos detenidos.

El abogado de Derechos Humanos Pu Zhiqiang aseguró que es ilegal que el Ejecutivo impida a Ai utilizar Twitter o conceder entrevistas. "Un Gobierno fuerte al amparo de la ley no puede imponer esto a sus ciudadanos", denunció Pu. "Si existe un caso criminal, ¿por qué ni siquiera se menciona? Hasta ahora no se ha producido una explicación del caso", comentó.

"Se trata de un comportamiento ilegal, que viola las convenciones de Naciones Unidas", añadió. Las redes sociales, como Twitter o Facebook, se encuentran bloqueadas en China ya que las autoridades temen que estas páginas permitan que los disidentes se puedan organizar. Sin embargo, la mayor parte de la gente utiliza redes privadas en Internet para saltarse estas restricciones.

Las autoridades intentan frenar la disidencia ante el temor que las revueltas en el norte de Africa y Oriente Próximo se extiendan por el país asiático. Desde febrero, las fuerzas de seguridad han detenido a 130 abogados y disidentes.