Francia prohíbe el uso de pesticidas dañinos para las abejas

La prohibición de uso de pesticidas que contengan neonicotinoides ha entrado en vigor este sábado en Francia, que con esta medida espera proteger las colonias de abejas, dañadas por el uso de estos químicos.

En un comunicado conjunto del Ministerio de Agricultura y Alimentación, el de Sanidad y la Secretaría de Estado del Ministerio de la Transición Ecológica, el Gobierno ha detallado la prohibición de cinco insecticidas con efectos nocivos para el medioambiente y, especialmente, los polinizadores, según recoge EFE.

"Estas prohibiciones son esenciales para luchar contra el declive masivo de las colonias de abejas y de polinizadores salvajes, constatado este invierno", señala el comunicado. Concretamente, se ha vetado el uso del imidacloprid, la clotianidina, el tiametoxam, el acetamiprid y el tiacloprid; el uso de las tres primeras ya había quedado limitado por la Unión Europea.

Los neonicotinoides son una familia de sustancias empleadas en los insecticidas, que actúan sobre el sistema nervioso central de los insectos y, solo en Francia, son responsables de la muerte de 300.000 colonias de abejas cada año, según la ONG Generaciones Futuras. La muerte de esas colonias afecta tanta a la industria de apicultura como a la propia naturaleza, pues el papel polinizador de las abejas es vital para los ecosistemas y la producción de alimentos.

La prohibición del pesticida motivó este año otro desencuentro entre el titular de Agricultura, Stéphane Travert, y el de Transición Ecológica, Nicolas Hulot, que dimitió esta semana desencantado por la imposibilidad para cambiar las cosas frente al "modelo dominante" liberal al que culpa de destruir el medioambiente. Travert estimaba que la ley no se podía aplicar sin que los agricultores tuvieran un producto de sustitución para el neonicotinoide, usado, entre otros fines, para la protección de las plantas y cereales ante plagas.

En esta ocasión, el Primer Ministro, Édouard Philippe, intervino a favor de Hulot para mantener que la prohibición de la sustancia entrara en vigor en 2018, como había aprobado en 2016 el anterior Gobierno.