La socialista Susana Díaz ha sido elegida este jueves por el Pleno del Parlamento como nueva presidenta de la Junta de Andalucía, con el apoyo de PSOE-A e IULV-CA y el rechazo del PP-A. En concreto, la candidatura de Díaz ha recibido 58 votos favorables y 48 en contra. En total, se han emitido 106 votos, con lo que han faltado tres diputados, dos del PP-A, Esperanza Oña y José Antonio Nieto, y Juan Manuel Sánchez Gordillo, de IULV-CA y dirigente de la CUT-BAI, formación que esta semana se mostraba en contra de apoyar a Díaz como nueva presidenta.
El Parlamento ha desarrollado durante este miércoles y jueves el debate de investidura para la Presidencia de la Junta, en el que Susana Díaz, que era la única candidata, ha expuesto sus objetivos al frente del Gobierno andaluz, entre ellos, la lucha contra la corrupción. Está previsto que Susana Díaz, que accede a la Presidencia tras la renuncia de José Antonio Griñán, tome posesión del cargo el próximo sábado, con lo que se convertirá en la primera mujer al frente del Gobierno andaluz, algo que ella misma ha calificado como un cambio "histórico".
"Gran iniciativa con amplísimo consenso político"
Susana Díaz tomará posesión del cargo el sábado en un acto que se celebrará en el Parlamento y al que está previsto que asistan el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y los expresidentes de la Junta de Andalucía. A partir de ese momento, comenzará a trabajar en la configuración de su Gobierno y a contactar con sus futuros integrantes, que, previsiblemente, se conocerán el lunes, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta.
Durante su discurso de investidura, Susana Díaz anunció varias medidas de cara al "nuevo tiempo" que se abre en Andalucía, comprometiéndose con combatir con todas sus "fuerzas" la corrupción, que es algo que le "avergüenza".
Así, Díaz anunció varias medidas para combatir la corrupción, como una modificación legal para que se fortalezcan y amplíen la competencias de la Cámara de Cuentas de Andalucía, mejorando su capacidad de control, y promover una reforma legal con el objetivo de prohibir las donaciones privadas a los partidos políticos, a través de una iniciativa legislativa que se traslade al Congreso de los Diputados.
La nueva presidenta también se comprometió a impulsará un "acuerdo político" que comprometa, ya que "legalmente no sería posible", a que los cónyuges o parejas de todos los cargos públicos de Andalucía presenten también sus declaraciones de renta y de bienes y actividades, aunque tengan separación de bienes, tanto en el momento de su nombramiento como en el del cese.
Asimismo, se marcó como otro objetivo esencial impulsar una "gran iniciativa con amplísimo consenso político, social y ciudadano" para definir "de común acuerdo" una "renovada estrategia de crecimiento económico y social" de Andalucía en la que considera necesario "pasar de la subvención al incentivo".
Garantizó que su futuro Gobierno "de izquierdas" hará una "política económica de reevaluación de los activos, posibilidades y capacidades" de la comunidad autónoma "frente a la devaluación de salarios y empleo que defienden los gobiernos conservadores y neoliberales de la derecha" y con el objetivo de "poner en valor la ética social frente a la ausencia de valores de esa austeridad mal entendida convertida en pretexto para reducir o acabar con los logros sociales", ya que ha defendido que "una economía más competitiva no exige ciudadanos más pobres".
