Pazo de Meirás
El Supremo confirma que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado y no a la familia Franco
El Supremo contesta así a los recursos interpuestos por los hermanos Martínez-Bordiú Franco.
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Varapalo para la familia Franco. El Supremo ha confirmado que el Pazo de Meirás es propiedad del Estado, desestimando así los recursos que pusieron los Martínez-Bordiú Franco.
Por unanimidad, la sala del Supremo expone que sus moradores no pudieron poseer la finca en concepto de dueños, como mínimo hasta la década de los 90, en que dejó de prestarse todo tipo de servicio por la administración. Añade el tribunal, que no concurren los requisitos para que pudiera apreciarse que hubiera una desafectación táctica que despojara al inmueble de ese carácter de bien de dominio público.
La Sala respalda el derecho a una indemnización a la familia Franco, a quien se considera poseedora "de buena fe". Consta como acreditado que la familia llevó a cabo diferentes reformas y obras de mantenimiento. Por el momento, no se ha fijado una cantidad para esa indemnización, se establecerá una vez se ejecute la sentencia.
Periplo judicial
En 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña condenaba a la familia Franco a devolver el Pazo de Meirás y su finca al Estado. Estimaba así dicho juzgado que la propiedad de este edificio era del Estado. Los Franco recurrieron y la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la sentencia.
En ambos casos se declaró la nulidad de la donación que en 1938 le dio el Pazo al dictador "por carecer del requisito esencial de forma" y porque dicen, el Pazo se le dio al jefe del Estado no a Francisco Franco. Tres años después se hizo una compraventa del pazo a favor de Franco, pero tanto la Audiencia Provincial como el juzgado consideraron que se trataba de "una simulación total" por lo que quedó anulada.
El Pazo de Meirás
Fue la escritora Emilia Pardo Bazán quien ordenó construir el Pazo de Meirás a finales del siglo XIX. Durante toda la dictadura la familia Franco lo usó de residencia de verano tras un proceso que simuló regalárselo y a la vez vendérselo durante la guerra civil.
Una vez muerto el dictador la familia siguió haciendo uso del Pazo hasta que el Gobierno lo reclamó para el patrimonio público. Esta acción fue respaldada los ayuntamientos de A Coruña y Sada, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia. Un juzgado de A Coruña dio al razón al Estado y con dicha sentencia se abrió el camino de los recursos.
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