Sánchez propone limitar la compra de viviendas a quienes no vayan a vivir en ellas

El acceso a la vivienda entró por primera vez en la agenda de un Consejo Europeo y Pedro Sánchez aprovechó el foco para situar el debate en el terreno normativo. En rueda de prensa desde Bruselas, el presidente pidió a la Unión Europea “tomar medidas legales” destinadas a reducir la compra de vivienda no residencial en un “mercado que no funciona”.

A su juicio, el sistema “especula con un derecho” y está “imposibilitando proyectos de vida de muchos ciudadanos”. El objetivo: frenar la presión en ciudades y zonas turísticas donde el uso inversor ha desplazado al uso residencial.

Sánchez resumió su propuesta en tres ejes. Primero, herramientas legales para limitar adquisiciones por parte de quienes no van a vivir en el inmueble. Segundo, “palancas desde Bruselas para actuar sobre las zonas tensionadas”, especialmente grandes urbes y destinos de turismo de masas. Y tercero, “financiación comunitaria específica” para construcción de vivienda a precio asequible. “La vivienda debe ser un derecho y no un privilegio”, remató al término de la cumbre.

Encargo a la Comisión y respeto a las competencias

Los líderes de la UE respaldaron la necesidad de una respuesta común y solicitaron a la Comisión Europea un plan “ambicioso y completo” que apoye y complemente los esfuerzos nacionales, con respeto a los principios de subsidiariedad y a las competencias de cada Estado.

El texto de conclusiones pide que la propuesta llegue “con prontitud”, señal de que el debate ha pasado de diagnóstico a fase operativa.

Para el jefe del Ejecutivo, el encarecimiento de la vivienda “ya es un problema europeo” y no un fenómeno aislado. “El problema de la imposibilidad de acceder a una vivienda por parte de los jóvenes y no tan jóvenes es algo que comparte un español, un italiano, un francés, un alemán”, afirmó a su llegada.

La “emergencia habitacional” fue, recordó, una condición de los socialdemócratas en el acuerdo que facilitó la investidura de Ursula von der Leyen. En la misma línea, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis pidió convertir la vivienda en prioridad común con un presupuesto acorde, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió un uso más flexible de los fondos.

Los datos que empujan el cambio

El debate se sustentó en cifras que pintan un panorama de urgencia. Según un informe del Consejo Europeo basado en Eurostat, el coste de la vivienda subió en la UE una media del 58% en la última década; en España, el aumento fue del 72%.

Las mayores escaladas se registran en Hungría (237%), Portugal y Lituania (147% cada una). En el otro extremo, Finlandia (0,4%), Italia y Chipre (13%), y Francia (26%). La presión sobre los hogares se nota con especial crudeza en Lisboa, Madrid y Barcelona, donde sus habitantes destinan el mayor porcentaje de sueldo a la vivienda: 116% en la capital portuguesa y 74% en las dos grandes ciudades españolas.

El Gobierno español no plantea una prohibición general ni “llegar tan lejos” como otros modelos, pero sí limitar la compra de viviendas a quienes no vayan a residir en ellas en entornos con el mercado tensionado.

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