El juzgado de instrucción de guardia de Barcelona ha dejado en libertad provisional, acusados de los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad, a los cinco detenidos puestos a disposición judicial por enfrentarse a los Mossos d'Esquadra en la protesta de "indignados" del pasado miércoles.
Según han informado fuentes judiciales, igual que el detenido por desobediencia que ayer pasó a disposición judicial, los cinco detenidos que hoy han comparecido en el juzgado han quedado en libertad con cargos, sin que la Fiscalía haya solicitado ninguna medida cautelar para ellos.
En principio, la Fiscalía incoará diligencias previas contra los seis detenidos ante el juzgado de instrucción por los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad y, en el marco de esa causa, está previsto que el próximo 30 de junio acudan a declarar como testigos los mossos a los que supuestamente se enfrentaron los imputados.
Paralelamente a esta causa contra las personas acusadas de desobediencia a las autoridades policiales, el ministerio público mantiene abierta otra investigación para identificar a las personas que, mediante amenazas graves o el empleo de violencia contra diputados, trataron de impedir la actividad parlamentaria.
Fuentes del Departamento de Interior han explicado que ya se ha presentado el atestado básico que contiene sucintamente el relato de los incidentes relacionados con los artículos 494 y 498 del Código Penal, que castigan con penas de hasta cinco años de prisión a las personas que intentaran entorpecer las actividades parlamentarias.
No obstante, los Mossos mantienen abierta su investigación para identificar a las personas que protagonizaron actos violentos contra los diputados que trataban de entrar en la cámara y aportarán al juzgado y a la Fiscalía los informes complementarios que elaboren sobre los hechos.
Para ello, la policía catalana está recabando imágenes de los incidentes ocurridos en el parque de la Ciutadella, tanto las difundidas en los medios de comunicación como a través de Internet, y ha conseguido identificar ya a varios de los violentos.
El propósito del Departamento de Interior, han añadido las mismas fuentes, es presentar acusaciones "sólidas" contra los violentos, para que la investigación judicial prospere con indicios suficientes y puedan depurarse las responsabilidades penales que correspondan.
En este sentido, el conseller de Interior de la Generalitat, Felip Puig, indicó ayer en rueda de prensa que, además de los siete detenidos durante el pasado miércoles, la Policía ya ha identificado a una decena de violentos y adelantó que esta cifra va a aumentar en el transcurso de la investigación.
La Fiscalía estudia si se puede aplicar a alguno de los responsables de los incidentes el artículo 498 del Código Penal, que castiga con penas de tres a cinco años de prisión a "los que emplearen fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave para impedir a un miembro del Congreso, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma asistir a sus reuniones".
