Feijóo plantea que el Consejo de Ministros pague “a escote” los 6,6 millones del contrato con Israel

Sigue la polémica por el contrato y posterior rescisión de la compra de balas a Israel por parte del Gobierno. La postura del PP es clara.

A la pregunta de ¿quién debe pagar la rescisión del contrato de munición valorado en 6,6 millones de euros con Israel? El líder del PP no duda: “Lo que es evidente es que los españoles no lo tenemos que pagar”. Plantea que debe ser asumido por los responsables de la contratación o, en su defecto, por el Consejo de Ministros “a escote”.

El líder del PP, que ha atendido a los medios de comunicación a la salida de un acto en Madrid, advierte al Gobierno. El que firme la rescisión del contrato con Israel “va a responder ante el Tribunal de Cuentas”. Alberto Nuñez Feijóo ha explicado que antes de presentar la denuncia, tendrán que esperar a ver qué “alto cargo” es el responsable y que esto es “ un aviso a navegantes”.

El presidente del PP lanza varias preguntar al Gobierno como “por qué mintió en sede parlamentaria sobre el contrato con Israel o por qué lo rescinde cuando ya había sido publicado en el BOE”. Además, recrimina al Gobierno que haya rescindido el contrato para “resolver un problema personal de Pedro Sánchez” y no en función del interés general.

A la pregunta de ¿qué se debería hacer con el resto de contratos con Israel? asegura Feijóo que España “está por encima de los principios ideológicos puntuales de algunos partidos”.

Afirma que “es curioso que los mismos que se rasgan las vestiduras” por la compra de balas a Israel para la Policía o la Guardia Civil, al mismo tiempo permitan la “compra masiva de gas ruso” y mantengan a un Gobierno con “signos de corrupción de forma directa”.

Cree que el ministro Marlaska, “si tiene un poco de amor propio”, tiene en esta “desautorización” una “causa clarísima” para presentar su dimisión, aunque dio da por hecho que no lo hará. “Aquí no se va nadie, el objetivo fundamental de este Gobierno y de sus altos cargos es la nómina, no es un proyecto para España”.

Sobre las declaraciones de Yolanda Díaz, que considera que esta rescisión es legal, Feijóo se remitió al informe de la Abogacía del Estado, que ya ha informado de que habrá que pagar una indemnización a Israel: “Entre la capacidad jurídica de la señora Díaz y la de la Abogacía del Estado, me quedó con la de la Abogacía”.

Pedirá que lo revise el Tribunal de Cuentas

El Partido Popular también ha anunciado que presentará una denuncia ante el Tribunal de Cuentas tras la decisión del Gobierno de cancelar el contrato firmado con la empresa israelí IMI Systems para la adquisición de munición. La formación sostiene que la ruptura del acuerdo se ha producido por razones "únicamente políticas" y "de forma arbitraria", lo que, a su juicio, podría tener consecuencias económicas para el Estado y derivar en responsabilidades contables.

Fuentes del PP han insistido este viernes en que el Ejecutivo ha tomado esta medida "por orden directa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", y han advertido de que podría suponer un coste elevado para las arcas públicas, ya que implica una rescisión sin contraprestación.

El principal partido de la oposición considera que la cancelación del contrato incumple las obligaciones presupuestarias que exige la entrega de bienes o servicios y que, por tanto, puede derivar en un "menoscabo de los caudales públicos". Según los populares, este perjuicio no debe recaer sobre el contribuyente: "La responsabilidad debe afrontarla quien la genera, no el bolsillo de los españoles como pretende el Gobierno", sostienen.

En esa línea, desde el PP se preguntan "quién asumirá el coste de la decisión personal de Sánchez" y recuerdan que, hace apenas 24 horas, se afirmaba que el acuerdo no podía anularse. "Hemos pasado de que era imposible rescindir un contrato ya firmado a que se haga al precio que sea", señalan.

Le acusan de un uso partidista del poder ejecutivo

Para el Partido Popular, la rescisión del contrato con la empresa israelí es un nuevo ejemplo del "abuso de poder" del jefe del Ejecutivo, llevado a cabo "por intereses políticos" y en contra del interés general. Añaden que la adjudicación estaba ya publicada en el Boletín Oficial del Estado, por lo que consideran que revertirla sin fundamento jurídico representa un acto de arbitrariedad.

Desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo aseguran que seguirán de cerca cada paso que se dé en torno a esta decisión y que exigirán responsabilidades en todos los niveles. Reiteran que el cumplimiento de los contratos firmados es una garantía del Estado de derecho, y que no puede estar condicionado "a las decisiones personales del presidente del Gobierno".

La cancelación del contrato

El contrato con IMI Systems había sido adjudicado en el marco de un programa de suministro de armamento para las Fuerzas Armadas. Aunque no se han detallado las razones exactas de la anulación, diversos medios apuntan a un cambio de criterio del Ejecutivo relacionado con la posición política sobre el conflicto en Oriente Próximo.

El Ministerio de Defensa no ha ofrecido, por el momento, una valoración pública del impacto económico que podría tener la rescisión del acuerdo ni de los términos legales en los que se ha formalizado la ruptura.

El Partido Popular, por su parte, concluye que se mantendrá "vigilante" y actuará en los tribunales si se confirma que la decisión del Gobierno ha vulnerado las normas de gestión presupuestaria.

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