El exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Martínez, ha asegurado, en su declaración como imputado ante la juez Alaya, que el Consejo de Gobierno andaluz tuvo "conocimiento" de las irregularidades reflejadas en distintos informes por la Intervención en torno al sistema por el que se concedían las ayudas vinculadas a los ERE.
El exinterventor ha comparecido ante la juez Mercedes Alaya. Ésta le ha imputado presuntos delitos de malversación de caudales públicos y de prevaricación. La juez no ha adoptado medida cautelar alguna contra él, ni personal ni real, puesto que ni la Fiscalía Anticorrupción ni el resto de partes personadas lo hayan solicitado.
En su declaración, Manuel Gómez ha calificado de "absolutamente impensable" que el actual presidente de la Junta y consejero de Hacienda entre los años 2004 y 2009, José Antonio Griñán, "no tuviera conocimiento" de las conclusiones plasmadas en los distintos informes de la Intervención General, ya que se trataba, a su juicio, "de una patología presupuestaria singular".
En este sentido, el imputado ha hecho mención a varios aspectos significativos. Ha afirmado que, en abril de 2003, el Consejo de Gobierno andaluz acordó "que se analizaran los expedientes de las transferencias de financiación", y también que la Intervención alertó en 2005 de que en el ejercicio 2003-2004, "existía un desfase presupuestario de 93 millones". Esto, según Martínez, "suponía una quiebra del principio de estabilidad presupuestaria".
Por todo ello, el imputado ha subrayado que las irregularidades detectadas "eran de notorio conocimiento de todo el Consejo de Gobierno andaluz". Ha llegado a afirmar que "se puede presumir" que dicho Consejo de Gobierno "aprobó el sistema de junio de 2001", en relación al sistema de transferencias de financiación destinadas a pagar las ayudas sociolaborales.
No obstante, el exinterventor ha defendido la legalidad del procedimiento. También ha puesto de manifiesto que, cuando en 2010 el sistema de las transferencias de financiación se sustituyó por la denominada encomienda de gestión, el sistema "no varió ni mejoró" porque seguía sin existir una fiscalización previa.
De igual modo, ha revelado que, durante el año 2012, se reunió con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo. Estas reuniones se realizaban "para mostrarle su descontento y su protesta más enérgica a las imputaciones políticas que le estaba haciendo el Gobierno andaluz". Según él, Aguayo le dijo que el aludido sistema de transferencias de financiación era correcto.
Durante el interrogatorio, la juez Alaya ha dado por hecho que el consejero de Hacienda, al que ha llegado a referirse con nombre y apellidos (José Antonio Griñán), "tenía conocimiento" de las irregularidades detectadas por la Intervención. "Ya sabemos que el consejero de Hacienda conoció los informes que usted emitía", ha subrayado.
Asimismo, y durante su declaración, Manuel Gómez ha explicado a la magistrada que no realizó un informe de actuación en torno a las irregularidades detectadas porque no podía al no haber detectado un menoscabo en los fondos públicos. "Hubiera tenido el mismo efecto que el informe adicional, que se quedó en un cajón", ha afirmado.
