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Exhumaciones preelectorales: la de Primo de Rivera no ha sido la primera que ha coincidido en precampaña
La exhumación de Francisco Franco hace más de 3 años también se produjo días antes de unas elecciones.
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La Ley de Memoria Democrática, en vigor desde el año pasado, recoge que ningún responsable del golpe de Estado de 1936 puede estar enterrado en un lugar diferente a un cementerio. De tal forma, y por deseo expreso de la familia, esta mañana los restos de José Antonio Primo de Rivera han partido desde el Valle de Cuelgamuros hacia el cementerio de San Isidro, a poco más de 50 kilómetros.
Si bien la petición era de la familia del fundador de la Falange, es el Gobierno el que ha elegido una fecha para nada aleatoria. Y es que el 24 de abril, además de ser el día en que Primo de Rivera cumpliría 120 años, coincide en un momento clave de la política española: la precampaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.
La exhumación de Franco, también en momento preelectoral
La primera exhumación mediática del Gobierno fue la de Francisco Franco en 2019. Aquella ocasión, diferente de la actual en cuanto a la discreción -en la de 2019 incluso hubo ministros presentes en la exhumación y fue retransmitida en directo-, se produjo el 24 de octubre, apenas unos días antes de que comenzara la campaña electoral para las elecciones del 10 de noviembre.
Además de estas exhumaciones, los restos del general Queipo de Llano, su mujer y su ayudante militar Francisco Bohórquez fueron exhumados de la basílica de la Macarena, en Sevilla, tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática.
La cripta de Toledo podría ser el próximo lugar en el que se produzcan exhumaciones
El alcázar de Toledo alberga a día de hoy los restos de otras exhumaciones pendientes, como la del coronel José Moscardó y Jaime Milans de Bosch, participante del intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981.
Las claves de la Ley de Memoria Democrática
Entre las claves de la nueva ley se encontraba el compromiso del Estado en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura franquista y el estudio de posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983.
La ley, además, retiró los títulos nobiliarios concedidos por Franco, resignificó el Valle de los Caídos y otorga al Estado la responsabilidad de las exhumaciones. Asimismo, declaró ilegal la dictadura franquista, así como las sentencias dictadas por tribunales franquistas.
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Con la aprobación de la normativa, la senadora socialista Eva Granados afirmó en su día que se saldaba una "deuda histórica": "Hoy saldamos una deuda histórica con quienes defendieron la democracia cuando fue derribada y sufrieron cárcel, exilio y persecución durante décadas, muchos asesinados en las tapias de un cementerio o en una cuneta, donde aún permanecen sus restos. También saldamos una deuda con sus familiares y sus descendientes y, por fin, con toda la sociedad española".
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