El secretario general adjunto de ERC, Lluis Salvadó, ha advertido que el futuro del proceso soberanista en Cataluña "no lo marcará" el Tribunal Constitucional y ha asegurado que la "única legalidad" a la que deben su esfuerzo y trabajo es a la voluntad de los catalanes.
Salvadó ha considerado "poco afortunadas" las afirmaciones de la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, que esta semana ha avisado que si el TC invalidara la consulta soberanista prevista para el 9 de noviembre, la votación se aplazaría.
"Tenemos muy claro que el futuro del proceso hacia la independencia no lo marcará el Tribunal Constitucional", ha aseverado Salvadó, que ha dejado el proceso en manos de la sociedad civil, los ciudadanos y los partidos proconsulta.
El dirigente de ERC ha asegurado que, pese a las afirmaciones de Ortega, las relaciones entre CiU y su formación no se han resentido, porque son conscientes de que para que el proceso triunfe la sociedad y los partidos tienen que ir "cogidos de la mano".
"No va a haber ninguna discrepancia ni obstáculo que nos aleje del objetivo fundamental: avanzar juntos de forma decidida" hacia la consulta y hacia la independencia, ha remarcado.
Según Salvadó, desde el inicio del proceso estaba claro que tanto el Tribunal Constitucional como el Gobierno central harían "todo lo posible" para que los catalanes no puedan votar en la consulta soberanista, por lo que entiende que ahora no se pueden cambiar desde el frente proconsulta las reglas del juego a media partida.
Por ello, ha asegurado que para ERC es más "sagrada" la voluntad de la mayoría del pueblo de Cataluña que la Ley o el Constitucional: "la única legalidad a la que debemos nuestro esfuerzo y labor es a la voluntad del pueblo". "No llegaremos a la independencia siguiendo los dictados y sentencias del Tribunal Constitucional ni del Gobierno español. Si alguien lo cree, intenta marear la perdiz", ha advertido.
Sobre la confesión del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, de que ocultó durante 34 años una fortuna en el extranjero, el dirigente de ERC ha denunciado que las "estructuras del Estado" permitieron y toleraron durante décadas el fraude fiscal y ahora utilizan este caso para hacer un "uso político" en contra del proceso soberanista.
