Carlos Dívar alerta de que socavar al poder judicial "daña al Estado de Derecho"

En un discurso meramente institucional sin mención alguna a su situación al frente de ambos órganos, cuya presidencia podría abandonar esta semana por la polémica de los gastos de sus viajes cargados al CGPJ, Carlos Dívar se ha centrado en la importancia de la Constitución de 1.812 para la creación del Tribunal Supremo y de "numerosos derechos posteriormente normativizados en sucesivas constituciones".

En su discurso, Carlos Divar ha señalado que  "el Estado de Derecho requiere una estricta separación de poderes y un reconocimiento del poder judicial como un poder del Estado, que organiza una tarea del Estado; lo que a su vez requiere el reconocimiento del Tribunal Supremo y la organización de tribunales como un sistema básico, esencial e ineludible". Para el presidente del CGPJ, "el poder judicial cumple y ha de cumplir su misión de controlar a los poderes públicos" y ha recordado que el TS es "entonces y ahora el garante de las libertades y derechos de las personas".

En su intervención, el príncipe de Asturias ha destacado la  importancia fundamental de la independencia del Tribunal Supremo para la separación de poderes y ha expresado su deseo de que el acto de reflexión que ofrece su bicentenario contribuya a seguir perfeccionando lo mejor del legado de las Cortes de Cádiz.

Don Felipe ha subrayado que la creación de esa institución supuso la consagración de su independencia en el marco del principio de separación de poderes. "Todo ello fue esencial para el establecimiento de un Estado de derecho moderno, en el que los ciudadanos puedan defender sus libertades y derechos ante las eventuales intromisiones de otros poderes del Estado".

La ceremonia ha contado con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón; el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce; el presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, y representantes de las Cortes Supremas Iberoamericanas, de Portugal y de Filipinas.