La Fiscalía Anticorrupción planea pedir al juez la citación como investigado en el caso Lezo del expresidente madrileño Alberto Ruiz Gallardón por el presunto desfalco en la compra en 2001 de la colombiana Inassa por el Canal de Isabel II, y lo hará una vez se termine de analizar la documentación incautada.

La Fiscalía reclamó al juez de Lezo investigar a Gallardón en noviembre de 2016 por un presunto desfalco de unos 70 millones de euros en la compra en 2001 de Inassa por parte del Canal de Isabel II, una operación que estuvo controlada por él o por "su gente".

El juez primero y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional después aceptaron la apertura de diligencias pedida por Anticorrupción para investigar esa operación, que finalmente se lleva dentro de la pieza 1 de Lezo, sobre la expansión del Canal en Latinoamérica.

En concreto, la Fiscalía pidió en noviembre de 2016 al juez indagar esa compra por delictiva y en su escrito reclamaba además dirigir la investigación contra el exministro. Ahora, Anticorrupción tiene previsto solicitar al juez Manuel García Castellón su citación como imputado, pero no lo hará hasta que no se analice la documentación incautada en los registros realizados en la operación, según han informado fuentes del ministerio público.

Gracias a su petición de noviembre, los fiscales pararon la prescripción del delito, ya que la compra la acordó 15 años antes el Consejo de Gobierno presidido por Gallardón por unos 83 millones de euros cuando, según los investigadores, el valor de la empresa era mucho menor. Las acusaciones contra Gallardón se basan en parte en una conversación pinchada en noviembre de 2016 a Ignacio González con el exministro Eduardo Zaplana y con el abogado Fernando Belhot, en la que González afirma que Inassa "no valía ni 30 millones de dólares".

"Alberto hizo una operación, que no sé si estaba Alberto, pero desde luego su gente sí, que fue a comprar el grupo en América. Compraron una sociedad, que no valía ni 30 millones de dólares, por 100. Con una autorización del Consejo de Gobierno para comprar una sociedad colombiana y compraron una sociedad en Panamá. Con un diferencial fiscal de 20 millones. Con un crédito del Banco Mundial, que a su vez avalaba el Canal de Isabel II", dice González en la conversación. Para la Fiscalía, esto demuestra "la connivencia que tenía con los responsables públicos que adoptaron la decisión de la adquisición" y apunta a que esos acuerdos podrían haber reportado al propio González beneficios económicos o políticos.

En otro momento, González afirma: "No soy como esta gilipollas que me ha sustituido. Yo dije, yo me encontré a alguien muerto y dije tenemos dos (opciones): o reventamos esto y es un escandalazo o tratamos de arreglarlo. Tratamos de arreglarlo, pero yo tengo todavía un dictamen así, de Cuatrecasas, sobre toda la operación, que no te puedes imaginar...". De estas palabras los fiscales concluyen "el alto grado de conocimiento que el mismo (González) tuvo de la operación y lo fraudulento de la misma" y también que González ocultó el fraude "en beneficio de la organización". Gallardón, por su parte, "tuvo el control de la adquisición fraudulenta y de algún modo, estableció un pacto de silencio y cooperación con Ignacio González".

Dentro de esta causa han declarado este jueves cuatro personas como imputadas sobre otra operación investigada, la construcción y explotación del Canal Golf adjudicadas a ACS, por las que, según las investigaciones, empresas vinculadas a Ignacio González cobraron 4 millones de euros. Uno de ellos es el administrador de la empresa que lo construyó, que se ha negado a declarar, y la otra imputada es la mujer del administrador de la empresa vinculada a González que cobró el dinero, Tecnoconcret, quien se ha desvinculado totalmente de los negocios de su marido.