El Informe de Fiscalización de la Actividad de las Sociedades Públicas de Integración del Ferrocarril Participadas por Adif-Alta Velocidad analizar la situación hasta finales de 2016. Estudia la contabilidad y uso de los presupuestos por parte de la empresa pública encargada de construir las infraestrucuras del ferrocarril y sus acuerdos con las otras administraciones con las que concierta para adecuar las estaciones y la llegada del AVE a las diferentes ciudades. Generalmente, se constituye una sociedad al 50 % entre Adif y el ayuntamiento y la comunidad donde se va a hacer la estación nueva y el soterramiento de las vías.
En el informe dice que "en cuanto a las desviaciones sobre el presupuesto inicial, el coste de los convenios se ha incrementado en términos absolutos en 7.637,33 millones de euros como consecuencia del aumento del coste de las actuaciones cuando en el momento de su ejecución se concretaron los proyectos contemplados en los estudios iniciales". Es decir, o estaban mal presupuestados inicialmente, o al llevarlos a la práctica con lo acordado con los ayuntamientos o comunidades se disparó el coste.
La cantidad llama más la atención cuando el mismo informe dice que el nivel de ejecución es bajo: "las actuaciones de infraestructura ferroviaria el 27 % y las de las actuaciones urbanísticas el 21 %. El caso más alejado del coste inicial es el de Barcelona-La Sagrera. El desvío sobre el coste inicial va por el 546 %.
El tribunal recomienda analizar la situación de las sociedades y proceder a disolverlas o modificar los convenios, al parecer la mayoría se hicieron pensando en financiar las obras con las plusvalías urbanísticas.
