Tasa a la banca

¿Qué derechos nos concede a los clientes la nueva tasa a la banca?

En el caso de que la reclamación sea admitida, los bancos se verán obligados a pagar 250 euros por cada una de ellas

Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos

Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos EconómicosEFE

Publicidad

Lo hacía público en la rueda de prensa tras el consejo de ministros la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. La nueva tasa a la banca trata de reducir la mayor parte de los inconvenientes que los procesos de digitalización estaban afectando a numerosos clientes y, más en concreto, a las personas más mayores.

A continuación, vamos a contestar a las preguntas que suscita está nueva legislación que acaba de presentar el ejecutivo de Pedro Sánchez como anteproyecto de ley. A partir de ahora se abre un periodo de audiencia pública que se extenderá durante cinco semanas. El Gobierno calcula que se podría aprobar en la segunda parte del año.

¿Qué es lo que se ha creado?

La vicepresidente Nadia Calviño ha hablado este mediodía sobre la propuesta de creación de un órgano público que recibirá el nombre de: "Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero". A su vez, también se procederá a la creación de un servicio de asistencia a los usuarios para la interposición de dichas reclamaciones.

En definitiva, en palabras de Calviño, este nuevo organismo se encargará de la resolución de las controversias entre clientes y entidades financieras. Es decir, se dedicarán a solucionar las reclamaciones de todos aquellos usuarios que no se hayan quedado satisfechos con los propios servicios de atención a la clientela de su entidad bancaria.

¿Cuál es su objetivo?

Su intención es mejorar la atención que los ciudadanos reciben por parte de las entidades financieras. "Con la creación de esta autoridad, culminamos los cinco niveles de protección de los ciudadanos en este ámbito", ha matizado Calviño.

Esos niveles recorren desde el buen servicio a los clientes hasta llegar a la vía judicial si los usuarios no consideran que sus reclamaciones han sido resueltas correctamente.

¿Tendrá que pagar algo el usuario?

La vicepresidente ha asegurado que se tratará de un servicio totalmente gratuito.

¿Qué sucede una vez que el organismo ha aprobado la reclamación?

Si la autoridad admite la reclamación del usuario, la entidad financiera estará obligada a pagar 250 euros por cada una de las que sean aprobadas. Con este dinero, ha asegurado la vicepresidenta, se financiará el propio organismo.

Además, se establece que en el caso de que la cuantía sea inferior a 20.000 euros, las resoluciones que dictamine el organismo serán vinculantes. Y en el caso de la entidad no cumpla con lo establecido, se le impondrá una multa.

¿Qué servicios incluye esta protección al usuario?

No solo se trata de la atención referente a las entidades financieras o bancarias. Si no que tal y como ha señalado Calviño, también se incluyen los seguros, los productos bancarios vigentes en los que también se incluyen los cryptoactivos.

"Se unificarán los servicios ya existentes para aumentar su eficiencia", ha argumentado la vicepresidenta primera. Anteriormente, este servicio estaba presenta en el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

¿En cuánto tiempo se realizarán estas gestiones?

A no ser que se trate de un caso muy especial, el nuevo organismo tendrá que emitir una resolución en el plazo máximo de noventa días. Nadia Calviño ha querido enfatizar que "no se requerirá de ningún abogado o procurador" y que además, con este servicio, "se da un paso importante para garantizar la protección del ciudadano".

La OCU considera "positiva" la propuesta

La Organización de Consumidores (OCU) considera positiva esta propuesta. En un comunicado aluden a que "confían que este órgano pueda dar respuesta rápida a las reclamaciones de los consumidores".

Además, la OCU ha insistido que va a pedir que se incorporen también las reclamaciones contra entidades no supervisadas por el Banco de España.

Publicidad