Portugal
Portugal acaba con la visa de oro y prohíbe nuevos pisos turísticos para frenar la especulación inmobiliaria
El país dejará de entregar las llamadas 'golden visa' a grandes inversores extranjeros.
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El Gobierno de Portugal ha anunciado nuevas medidas para acabar con el alto precio de la vivienda: van a prohibir nuevas licencias de alquiler turístico, van a dar ventajas fiscales a los que vendan propiedades al Estado y van a quitar la llamada 'golden visa', que desde 2012 concede la residencia a cambio de compra de inmuebles o grandes inversiones en el país luso.
En los últimos años, el país ha captado casi 6.800 millones de euros a cambio de más de 11.500 autorizaciones de residencia a candidatos dispuestos a invertir al menos 500.000 euros en inmuebles o crear 10 empleos.
Además, el Ejecutivo portugués también ha confirmado un aumento en la oferta del alquiler y ayudas para las hipotecas para hacer frente a las subidas de los intereses.
Con este plan, que entrará en vigor en marzo, las autoridades lusas quieren incrementar el número de alojamientos disponibles y atajar la crisis inmobiliaria. "En estos últimos 10 años, los alquileres registraron una subida muy superior a la inflación. Los precios actuales son demasiado elevados para el mercado portugués", ha reconocido el primer ministro, António Costa, quien también ha puntualizado que aunque los pisos turísticos han reportado muchos beneficios para revitalizar las ciudades, también "tienen impactos negativos como la subida de precios".
Mayor oferta pública
En este sentido, la ministra de Vivienda, Marina Gonçalves, ha explicado que desde el Gobierno solo pueden dar respuestas a las familias si se refuerza el parque público de viviendas. "Afortunadamente, con este plan vamos hacia el fortalecimiento de este stock y hacia condiciones de vivienda a precios compatibles con los ingresos de las personas", ha añadido.
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Al respecto, Gonçalves ha añadido que el objetivo de Portugal es acercarse a la media europea, por lo que a medio plazo el Gobierno luso estima aumentar del 2% al 5% las viviendas públicas.
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