El Supremo se reúne para decidir si frena la regularización extraordinaria de migrantes

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo escuchará hoy a todas las partes implicadas antes de tomar la decisión sobre si paraliza o no de forma cautelar la regularización extraordinaria de cerca de 500.000 migrantes que aprobó el Gobierno en abril. Entre quienes solicitan la suspensión están Vox, la Comunidad de Madrid, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia. Las partes convocadas a la vista consideran que la regularización puede tener un fuerte impacto en los servicios públicos y en la gestión administrativa de algunas autonomías.

Desde la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sostiene que la medida afecta "gravemente" a la prestación de servicios públicos y denuncia que no se han articulado mecanismos suficientes de financiación ni de provisión de medios. Además, argumenta que podría "contravenir" la normativa europea y afectar a la seguridad.

Vox ha sido uno de los más duros contra la iniciativa. Su dirigente Ignacio Garriga aseguró que esta regularización supone "la legalización e institucionalización de la invasión migratoria" y envía "el mensaje de que venir pegando una patada a la puerta tiene premio en España".

Hazte Oír también pidió al Supremo que suspenda cautelarmente el decreto al considerar que "altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos".

El Gobierno defiende que paralizarla dañaría el interés general

Frente a estas peticiones, la Abogacía del Estado defenderá hoy ante el Supremo que no se suspenda la medida. Según el escrito de alegaciones presentado por el Ejecutivo, una paralización tendría una "afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general". El Gobierno calcula que esta regularización extraordinaria beneficiará a unas 500.000 personas: alrededor de 250.000 solicitantes de asilo y otras 250.000 personas en situación irregular, según aseguraron fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La vista estaba inicialmente prevista para el pasado 13 de mayo, pero tuvo que aplazarse por necesidades del servicio. Mientras tanto, el Supremo ya requirió al Ministerio de la Presidencia el expediente administrativo completo del real decreto aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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