Los grupos minoritarios recriminan al Gobierno la falta de previsión

Así se han pronunciado en el pleno del Congreso de los Diputados después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, justificara la proporcionalidad de su actuación para obligar a los controladores aéreos a volver a sus puestos ante la "afrenta al orden público constitucional". 

El portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, ha condenado "sin ambigüedad" el "abuso de poder" de los controladores, porque con su plante han debilitado la defensa de los derechos laborales y sociales, el derecho de huelga y el rechazo de la política de privatizaciones. Pero ha considerado también que "el fin no justifica los medios", que al Gobierno "se le ha ido la mano y ha sobreactuado" al legislar "en caliente" y que los argumentos jurídicos esgrimidos por Zapatero "dejan mucho que desear". 

Por su parte, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, ha condenado "sin paliativos" el comportamiento de los controladores y exigió depurar responsabilidades, pero, acto seguido, ha censurado duramente la militarización del colectivo, que consideró "un instrumento injustificable" cuando hay herramientas "suficientes" en el Código Penal. 

La diputada de UPyD, Rosa Díez, ha equiparado la "salvajada" de los controladores aéreos y la "irresponsabilidad y la frivolidad" del Gobierno al aprobar el pasado viernes el decreto que clarificaba la jornada laboral de ese colectivo. Díez ha afeado a Zapatero la "desmesura" de la militarización y de la declaración del estado de alarma y subrayó que "no se puede confundir una gestión catastrófica de las relaciones laborales con una catástrofe". 

La diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos, ha destacado que los controladores son los principales responsables de lo ocurrido, pero no los únicos, y ha advertido de que el decreto del estado de alarma no puede ser la respuesta a un problema que se va a prolongar. 

También el diputado de UPN, Carlos Salvador, ha considerado excesiva tanto la actitud de los controladores como la respuesta del Gobierno, al que acusó de hacer pagar a los ciudadanos su "incapacidad".