Las víctimas del accidente de Adamuz critican la lentitud de la investigación ferroviaria

Más de cuatro meses después del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas el pasado 18 de enero, las víctimas y sus representantes legales comienzan a mostrar públicamente su malestar por el ritmo de las investigaciones. La principal crítica se dirige a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el organismo dependiente del Ministerio de Transportes encargado de analizar las causas técnicas del siniestro y elaborar un informe definitivo.

Según denuncia la Asociación Víctimas de Adamuz, la actividad de la comisión se ha reducido prácticamente a la mínima expresión durante las últimas semanas. La última actuación conocida tuvo lugar el pasado 28 de abril, cuando la CIAF remitió al juzgado de Montoro un informe elaborado por la Guardia Civil que reforzaba la hipótesis inicial sobre el origen del accidente: la posible rotura de un carril como desencadenante del descarrilamiento del convoy de Iryo antes de colisionar con un tren Alvia.

Desde entonces, no se han producido avances públicos ni nuevas comunicaciones oficiales. Esta falta de movimiento ha incrementado la preocupación de las familias afectadas, que reclaman mayor agilidad y transparencia en una investigación considerada clave para esclarecer responsabilidades.

Antonio Benítez Ostos, abogado que coordina la defensa de la asociación de víctimas, considera que el principal retraso no se encuentra únicamente en las recusaciones planteadas contra dos de los tres peritos judiciales designados, sino en la complejidad del propio procedimiento técnico. Según explica, la designación de especialistas cualificados se demoró durante semanas debido a la dificultad para encontrar profesionales con amplia experiencia dispuestos a asumir una pericial de esta magnitud.

Pese a ello, el letrado confía en que la situación pueda desbloquearse en breve. La decisión judicial sobre las recusaciones se espera en los próximos días y permitiría iniciar finalmente los análisis técnicos sobre la vía y los elementos recogidos tras el accidente.

Las víctimas también ponen el foco sobre el funcionamiento interno de la CIAF. Desde la representación legal recuerdan que distintos informes de la Agencia Ferroviaria Europea ya habían advertido anteriormente sobre carencias estructurales, limitaciones presupuestarias y falta de recursos técnicos en el organismo investigador. A juicio de los afectados, esas deficiencias estarían dificultando una respuesta rápida ante un accidente de enorme gravedad.

Mientras tanto, el debate político también continúa. Durante una reciente comparecencia parlamentaria, la exministra de Transportes Raquel Sánchez evitó pronunciarse sobre las causas concretas del siniestro y defendió esperar a las conclusiones oficiales de la investigación. La exresponsable ministerial también criticó el uso político que, en su opinión, se está haciendo del dolor de las víctimas.

Paralelamente, la asociación de afectados ya estudia futuras reclamaciones patrimoniales contra Adif a raíz de las conclusiones preliminares incluidas en el atestado de la Guardia Civil. Las familias insisten en que, además de esclarecer lo sucedido, resulta imprescindible determinar si existieron fallos en el mantenimiento o supervisión de la infraestructura ferroviaria.

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