"No es posible la expulsión inmediata de los menores", el magistrado Joaquim Bosch alerta de que se demorará la situación en Ceuta

La crisis migratoria en Ceuta continúa siendo una situación difícil de gestionar tras quedar miles de migrantes en territorio español. El mayor problema ahora mismo es gestionar la situación de los menores no acompañados y las personas que piden asilo a España.

La situación es difícil de gestionar y "se demorará varias semanas ya que no es posible una expulsión inmediata", alerta el magistrado Joaquim Bosch. "Hay que realizar expedientes individualizados por cada persona y gestionar su situación", aclara.

Todas las personas que han ingresado en Ceuta, "tienen derecho a que se analice caso por caso, con una resolución más respetuosa para esas personas", y todo esto durará varias semanas.

La gente sigue pidiendo asilo

Se ha observado en varios puntos de la ciudad de Ceuta como migrantes piden asilo con pancartas y gritos. Como regla general, España puede dar asilo a los extranjeros que lo soliciten y puedan acreditar un riesgo real de persecución en su territorio de origen. Tales riesgos son, velar por su propia seguridad, discriminación o que sean perseguidos por su opinión política, aunque esta situación "puede complicarse más", advierte Bosch.

El gran problema es que muchos países de la Unión Europea consideran a Marruecos como un país seguro. Por lo que esta situación de pedir asilo se dificulta al ser considerado ese "país seguro", recalca el magistrado. La ley, indica que si se acredita correctamente, ese asilo puede concederse aunque la situación no sea la correcta.

Recursos desbordados en España

La situación en España actualmente, es difícil de gestionar ya que hay un "desbordamiento de los recursos", aclara el magistrado. Para poder organizar todo, estamos hablando de miles de personas, "equipos administrativos y hacen falta abogados e intérpretes para cada persona que todavía queda en España".

La prioridad máxima son los menores de edad y existe un principio interés del menor que obliga a realizar trámites en el país de origen para ver si tienen familiares y saber que medidas de protección tendrían en nuestro país. Por el contrario, los menores que puedan acreditar que tengan familiares en Marruecos, podrán tener una entrega inmediata al país vecino. De todas formas, "España tiene la obligación jurídica de proteger a estos menores", finaliza el magistrado.

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