Piden seis años de cárcel para cuatro acusados de haber quemado un Starbucks durante la huelga general del 2012

La Fiscalía, la Generalitat y la Abogacía del Estado han reclamado seis años de cárcel para cuatro acusados de haber quemado una cafetería de la cadena Starbucks del centro de Barcelona durante una manifestación de la huelga general del 29 de marzo de 2012.

En su escrito de acusación de cara al juicio, la fiscal pide para Carlos F., Laura M., Joan P. y Carolina G. tres años de cárcel por desórdenes públicos y otros tres por un delito de daños.

La Generalitat -que actúa como acusación popular- y la Abogacía del Estado solicitan para los cuatro encausados la misma pena de prisión por los mismos supuestos delitos, y solamente difieren en la cantidad que reclaman que se pague como responsabilidad civil.

Los cuatro acusados -y una quinta persona, que ha fallecido- actuaron "aprovechando la concurrencia de múltiples manifestantes y actuando conjuntamente y de forma organizada con el fin de alterar la tranquilidad pública y menoscabar los bienes ajenos", según la fiscal.

Salvo Carolina G, el resto iban ataviados con gorros, capuchas y pañuelos que impedían que se les viera el rostro; presuntamente tiraron al Starbucks piedras, botellas y todo tipo de objetos, algunos de ellos inflamables y explosivos, rompiendo la cristalera y provocando un incendio en su interior, que fue sofocado por los Bomberos, siempre según la acusación de la Fiscalía.

Carlos F. supuestamente arrojó una botella de plástico con líquido inflamable dentro del local y luego un objeto en llamas; Laura M. dio instrucciones al resto para que se apartasen por el peligro que suponían estas acciones y Carolina G. presuntamente cogió papeles del suelo, los metió en una bolsa a la que prendió fuego y la arrojó dentro de la cafetería.

En una rueda de prensa este jueves, el abogado de uno de los encausados, Benet Salellas, ha sostenido que no hay pruebas para concluir que quienes prendieron fuego fuesen quienes se sentarán en el banquillo, y que la acusación no tiene indicios para poder refutarlo, sino que cree que se apunta a ellos por aparecer sus nombres en ficheros policiales en los que "se identifica siempre a las mismas personas".

Salellas, que ha sido diputado de la CUP en el Parlament en esta legislatura, considera que la pena que se pide es desproporcionada y ha criticado que la Generalitat forme parte de la causa como acusación popular, lo que ve forma parte de la "campaña de política represiva" que inició el entonces conseller de Interior, Felip Puig.

Campaña de solidaridad

También ha lamentado las formas "poco ortodoxas" en que se han obtenido las imágenes de los incidentes, entregadas anónimamente, lo que impedirá que el juicio las partes puedan preguntar por ellas a quienes las regitraron.

En la misma rueda de prensa, representantes de la comisión antirrepresiva del barrio de Sants y de la campaña 'Revifem la Flama' han mostrado su "solidaridad con los represaliados" y han hecho un llamamiento para concentrarse a las puertas de la Ciudad de Justicia ante el juicio previsto para el 22, 23 y 24 de noviembre.