Polémica entre asociaciones de familias con niños de necesidades especiales y el ministerio de Educación. La "Plataforma Educación Inclusiva sí" es una de las organizaciones que asegura que la nueva ley educativa "abre la puerta a la eliminación de los colegios de educación especial".
El presidente de la Plataforma, José María Escudero, ha manifestado que por sus hijos harán "todo lo que se pueda hacer" y ha añadido: "Si nos tenemos que encadenar para tratar de evitar que se cierren los colegios de educación especial iremos hasta el final, no tenemos nada que perder".
Además, Escudero ha criticado que durante la tramitación del proyecto de ley "no se haya tenido en cuenta la opinión de los padres y que la norma se siga tramitando durante el estado de alarma.
35.000 alumnos en toda España necesitan educación especial
Luli tiene 11 años y parálisis cerebral. Va a un colegio de educación especial y necesita atención muy individualizada, le dan lo que necesita y trabajan su autonomía. Es un ejemplo de los 35.000 niños y niñas que necesitan centros especiales.
Las familias explican que los niños se adaptan a la perfección y que estos colegios son fundamentales para lograr su inclusión en la sociedad.
La polémica surge del proyecto de la nueva ley de educación. Se pide que los centros ordinarios estén preparados para atender a estos niños y dice que se seguirá prestando el apoyo necesario a los de educación especial. No habla de clausurarlos pero los padres aseguran que "la redacción es tan ambigua que abre a las comunidades autónomas la posibilidad de transformar centros especiales en centros sin apenas alumnos".
Educación niega el cierre de centros de necesidades especiales
El Ministerio de Educación ha reiterado su apoyo al alumnado con necesidades especiales y ha negado que se vayan a cerrar los centros de educación especial. Pide calma e insisten en que lo que pretende es la integración. Y los profesores advierten que la educación ordinaria no puede atenderlos correctamente.
La disposición legal de la polémica
El temor de las familias surge a raíz de la disposición adicional 4 del proyecto de Ley de Educación, que está en fase de presentación de enmiendas en el Congreso.
"Establece que el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, "de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”.
Además, el texto indica que “las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.
