Canarias
Investigan a 7 funcionarios de Arrecife, en Lanzarote, por quitar casi 2.300 multas de tráfico
Cuando los expedientes de la Policía Local llegaban al consistorio, anulaban las sanciones, que ascendían a más de 575.000 euros. Ha podido estar ocurriendo durante una década.
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La Fiscalía investiga un supuesto delito de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación y lo hace poniendo el foco en 7 funcionarios públicos de Arrecife, la capital de Lanzarote.
La trama fue descubierta por los propios agentes de la Policía Local cuando se dieron cuenta de que había multas de tráfico que no se llegaban a tramitar.
Lo pusieron en conocimiento del consistorio quien abrió una investigación a través de una auditoria. El resultado de este estudio fue puesto de inmediato en conocimiento de la Fiscalía y ahora el Juzgado número 3 de Arrecife ha abierto diligencias para investigar los hechos, teniendo como imputados a siete trabajadores públicos del consistorio.
El modus operandi era sencillo: una vez que llegaban las multas de tráfico a las oficinas del ayuntamiento, anulaban los expedientes y la sanción sencillamente desaparecía, sin que constara en la mayoría de los casos explicación alguna. Se investigan un total de 2.276 multas de tráfico anuladas que, de haber sido cobradas, hubieran supuesto una cuantía de 575.583 euros.
Para el portavoz del PSOE en la oposición municipal, Alfredo Mendoza, lo que más les llama la atención es que en algunos de esos expedientes figuraba como razonamiento para anular la multa que se trataba de una “orden directa del alcalde”.
Indignación y sospechas de corrupción
La titular del juzgado cita también a declarar como testigo al alcalde de la localidad, Yonathan de León, quien asegura que fue él quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía y es por eso está citado.
En la calle la indignación de los vecinos es más que palpable, rechazan lo que consideran es una corrupción que parece haberse normalizado en el ayuntamiento a lo largo de toda una década y que es inaceptable que la mayoría pague mientras que otros se aprovechan de conocidos o amigos para eludir sus responsabilidades.
El hecho de que el ayuntamiento haya dejado de ingresar más de medio millón de euros en los últimos diez años es quizás lo que más preocupa a los vecinos de la capital lanzaroteña, porque son unos ingresos que, aseguran, podrían haber servido para mejorar muchos servicios e instalaciones vitales para la localidad.
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