AFECTA A CINCO COLEGIOS CATALANES
El Govern recurre la imposición del 25% de castellano en los colegios fijado por el TSJC
El gobierno catalán argumenta en su recurso contra el auto del TSJC que cifró en el 25 % el horario lectivo en lengua castellana en cinco casos particulares que "vulnera la Constitución" y que el tribunal catalán se excedió en sus funciones.
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El Gobierno catalán ha presentado este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contra las interlocutorias del propio tribunal, que ha fijado el 25% de castellano en el horario lectivo de cinco centros catalanes, ha informado la Consejería de Enseñanza en un comunicado.
El documento, elaborado por los servicios jurídicos de la Generalitat, se coordinó con los directores y titulares de los cinco centros afectados y del Secretariado de la Escuela Cristiana de Cataluña en una reunión celebrada este lunes en la que se acordaron los "términos de defensa del régimen lingüístico del sistema educativo de Cataluña".
El recurso argumenta que los autos vulneran la Constitución porque el TSJC incurre un "exceso" en el ejercicio de su jurisdicción al fijar el porcentaje del 25% porque no puede determinar el contenido discrecional de los actos administrativos.
También alega que vulnera la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) y del Constitucional (TC) que, según el Gobierno catalán, han considerado "de forma reiterada" que es la Generalitat quien debe determinar el uso de las lenguas en la enseñanza.
En tercer lugar, expone que también vulneran el Estatuto y la Ley de Educación de Cataluña (LEC), puesto que las interlocutorias obligarían a crear grupos dentro de los centros con diferente régimen lingüístico.
Enseñanza ha citado la frase del Estatuto del pedagogo Alexandre Galí que afirma que los alumnos "tienen derecho a no ser separados en centros ni en grupo clase diferentes por razón de su lengua habitual".
Ha recordado que la LEC también prevé el régimen de atención lingüística individualizada, un hecho que no ha sido declarado inconstitucional pero que los autos del tribunal catalán sí dejan sin efecto.
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