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DESAHUCIADAS CUATRO PERSONAS

El Gobierno central y el Ayuntamiento de Madrid lamentan que la política no haya podido frenar los desahucios de Lavapiés

Manuela Carmena se mostraba incómoda al ser preguntada por los desahucios de Argumosa y deseaba que estos fueran "los últimos que se producen con esas características". Por su parte, Isabel Celaá lamentaba que la política no haya podido evitar un "nuevo drama".

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se ha mostrado incómoda al ser preguntada sobre los desahucios en Argumosa, 11, en Lavapiés, y ha deseado que estos "sean los últimos desahucios que se producen con esas características".

Carmena ve "con muchísima tristeza" los desahucios porque "es importante que las personas se mantengan con sus hogares en los centros de Madrid". También ha avanzado que el 4 de marzo se resumirán por el Ayuntamiento todos los programas de viviendas que están en marcha.

Agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional han detenido a siete personas, acusados de delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, por intentar impedir el desahucio de cuatro personas de sus viviendas situadas en el número 11 de la calle Argumosa de Madrid, según han informado fuentes de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha asegurado este viernes que la Policía ha cumplido su deber en los desahucios de Lavapiés, pero ha sido la política la que "no ha llegado a tiempo" para evitar un "nuevo drama".

"La policía ha cumplido su deber pero la política no ha llegado a tiempo para evitar este nuevo drama, que afecta a personas humildes, a gente que espera de nosotros una respuesta ante la ruina y los recortes provocados por la crisis", ha señalado al comienzo de su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Celaá ha recordado que el Congreso de los Diputados rechazó el real decreto ley sobre alquileres que había presentado el Ministerio de Fomento con medidas como "hacer obligatoria la comunicación al ciudadano con suficiente antelación y la obligatoriedad de pedir a los servicios sociales un informe sobre la vulnerabilidad social".

En su opinión, medidas como estas "hubieran dado mucha más seguridad jurídica a los afectados por estos procesos de desahucio y posiblemente hubieran permitido tener una solución para ellos antes de verse expulsados de sus hogares".

Pese a que este decreto no salió adelante, la portavoz ha asegurado que el Gobierno sigue trabajando para que no se repitan casos como el de las cuatro familias de Argumosa.

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