Restricciones coronavirus
La Fiscalía apoya al Gobierno de Canarias y pide al TS que permita el toque de queda en Tenerife
El Tribunal Supremo deberá tomar la decisión que el TSJC ya ha rechazado. Ahora el Gobierno Canario cuenta con el apoyo de la Fiscalía.
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La Fiscalía está a favor de que el Tribunal Supremo autorice el toque de queda en Tenerife entre las 00:30 horas y las 06:00 horas en aquellos municipios por encima de los 154 contagios por cada 100.000 habitantes, que afectarían a casi todos los de la isla. El pronunciamiento supone un apoyo fundamental para que el Gobierno canario consiga el objetivo marcado de reducir los casos de coronavirus en la isla, que es la que más preocupa en esta quinta ola.
El Gobierno autonómico pidió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que les permitiese volver a aplicar el toque de queda en Tenerife ante el aumento descontrolado de contagios que sufre el territorio desde hace unas semanas. Solo durante este viernes se han registrado más de 300 positivos en la isla y se ha vuelto a cumplir récord de contagios diarios en la comunidad. Sin embargo, el TSJC rechazó el pasado 14 de julio la petición y el Ejecutivo autonómico decidió presentar un recurso al TS para la autorización de dicha restricción.
La Justicia canaria argumentó que la situación actual en la isla "representara un peligro tan grave o inminente" que no se pudiera afrontar "con medios ordinarios menos restrictivos", algo que lamentó escuchar el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, porque eso suponía que "nos quitan la herramienta más potente, junto a la vacunación, para hacer frente a los contagios".
El viernes, plazo máximo para la decisión definitiva
Como máximo, el Tribunal Supremo deberá dar una respuesta el próximo viernes, pero las autoridades sanitarias de Canarias insisten en que esta medida "incide directamente y de inmediato sobre la interacción social" y, por tanto, ayudaría a que la situación epidemiológica en el territorio mejorase en los próximos días.
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No obstante, la Fiscalía solo se pronuncia a favor de esta medida siempre y cuando se aplique únicamente en los municipios acordados al considerarse que no sería un paso "asumible" que se extendiese a toda la isla.
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