Detienen a 145 personas acusadas de favorecer la inmigración clandestina formalizando parejas de hecho fraudulentas

La Policía Nacional ha detenido a 145 personas acusadas de favorecer la inmigración clandestina en Sevilla, además de los delitos de fraude a la Seguridad Social y falsedad documental, puesto que lo que hacían es formalizar parejas de hecho fraudulentas y falsificar contratos laborales. El fraude se acerca al millón de euros y se trata de una investigación que se ha desarrollado en dos fases.

Los investigadores consiguieron, en un primer momento, identificar y detener a un grupo criminal por la comisión de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su modalidad de favorecimiento a la inmigración ilegal, mediante la formalización de parejas de hecho fraudulentas y delitos de falsedad documental en contrato laboral.

Tras ello, los agentes especializados tuvieron conocimiento de la creación de una empresa ficticia que habría proporcionado contratos a unas 180 personas con la finalidad de obtener beneficios y prestaciones socioeconómicas de la Administración pública o incluso acceder a préstamos bancarios, entre otros aspectos.

Operación Bisen

Toda la investigación comenzó en el año 2021 cuando la policía tuvo conocimiento de la existencia de dos parejas de hecho fraudulentas y puso en marcha la Operación Bisen, que culminó con la detención de once personas. Entre estas personas, cinco mujeres que consintieron formalizarse como parejas de hecho de cinco hombres extranjeros, de manera que se las detuvo por los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y falsedad documental. Las mujeres recibieron una contraprestación económica a cambio de ser registradas como pareja de hecho, lo que facilitaba a los hombres la obtención de una Tarjeta de Residente de familiar de ciudadano de la Unión Europea y el acceso a los derechos socioeconómicos que la Administración les concede.

Por su parte, la segunda fase de la operación se inició a mediados de 2022 después de detectar la creación de una empresa ficticia con domicilio social en la localidad sevillana de La Rinconada. Esta empresa basaba su actividad en facilitar contratos de trabajo fraudulentos que los falsos trabajadores pudieran percibir las prestaciones socioeconómicas por parte de la Administración Pública, beneficios penitenciarios, acceder a préstamos bancarios y regularizar la situación administrativa de ciudadanos extranjeros en España.

El administrador único de la empresa ficticia fue detenido en la segunda fase de la investigación junto con 134 personas más, estos últimos implicados como presuntos trabajadores de la empresa. En aquel momento, los agentes comprobaron que la cantidad total de dinero defraudada al erario público por los supuestos trabajadores ascendía a unos 924.000 euros, aunque parte de ella ya ha sido devuelta a la correspondiente administración.

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