Desahuciada con cinco hijos en Las Palmas: "Solo pedíamos un mes poder mudarnos"

Una familia con cinco hijos, cuatro de ellos menores, fue desahuciada este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria después de no poder hacer frente al alquiler de su vivienda. María, nombre ficticio para preservar su identidad, asegura que contaba con una alternativa habitacional ofrecida a través de un programa del Gobierno de Canarias. Solo necesitaba un mes de margen para poder mudarse.

Una familia desalojada pese a tener alternativa habitacional

Según explica María, la familia pagaba un alquiler de 800 euros mensuales. Sin embargo, la caída de ingresos durante la pandemia deterioró su situación económica al perder su trabajo en la hostelería, hasta hacer imposible mantener los pagos.

"Con la pandemia se decayó todo, los ingresos bajaron y ya no pudimos sostenerlo", relata. Aun así, María explica que ha logrado acceder a un programa de vivienda del Gobierno de Canarias que le ofrece una alternativa habitacional, aunque fuera de la ciudad, en Ingenio. Podrán acceder a este piso en un mes, por eso lo único que pedía la familia era tiempo. "Solo estamos pidiendo un aplazamiento de un mes. Un mes sería suficiente para que nos dejen mudarnos como tiene que ser", explica.

Mudarse lejos y levantarse a las cinco de la mañana

La alternativa ofrecida implica trasladarse a otro municipio, lo que plantea dificultades logísticas para una familia numerosa que no dispone de vehículo propio ni carnet de conducir. Según cuenta María, el nuevo lugar no tiene una conexión directa de transporte público con la capital. "Hay que coger cuatro guaguas y los horarios se pisan", explica.

Esto obligaría a sus hijos a madrugar de forma extrema para poder asistir al colegio. "Mis hijos van a estar despertándose a las cinco de la mañana para luego almorzar a las cuatro de la tarde", afirma. Para la familia, el traslado supone empezar de nuevo y reorganizar su vida diaria con recursos muy limitados.

Un mercado del alquiler cada vez más inaccesible

Más allá de su caso particular, María considera que su situación refleja un problema más amplio que afecta a muchas familias trabajadoras en Canarias. Según denuncia, incluso cuando se intenta acceder a una nueva vivienda, las condiciones que piden muchos propietarios resultan imposibles de asumir para quienes tienen ingresos bajos o medios. "Están pidiendo tres mensualidades de entrada y además un aval con el importe del alquiler, el agua y la luz, y que cada persona tenga 450 euros al mes para vivir", explica. Con un salario mínimo interprofesional, sostiene que esas exigencias son "prácticamente inalcanzables".

El final del escudo social

Durante la pandemia, el Gobierno central aprobó un conjunto de medidas conocido como "escudo social" que incluía la suspensión de muchos desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional. Sin embargo, varias de esas medidas han ido decayendo progresivamente en los últimos años, lo que ha vuelto a exponer a muchas familias a procesos de desalojo.

Para María, el problema no es solo personal, sino estructural. "Esto no solo me pasa a mí por ser una familia vulnerable. Esto va a ser un efecto dominó para muchas personas que trabajan y cobran el salario mínimo". A su juicio, el encarecimiento del alquiler está convirtiendo la vivienda en un negocio inaccesible: "Estamos siendo esclavos de un negocio que se llama vivienda. Y la vivienda debería ser digna", concluye.

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