Audiencia Nacional
Los seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos condenados a siete años y cuatro meses de prisión
La Audiencia Nacional también ha condenado a José Ramón Romero, Zoilo Pazos, Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada.
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Seis hijos del empresario gaditano José María Ruiz-Mateos han sido condenados a siete años y cuatro meses de prisión por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. La estafa que supuso la captación de fondos para el grupo Nueva Rumasa tuvo lugar entre los años 2009 y 2011.
La Audiencia Nacional, en una resolución de 672 páginas, también ha condenado a José Ramón Romero, director de la oficina del grupo en Jerez de la Frontera, conocida como 'Banquito de Jerez', a seis años y tres meses de cárcel.
A su vez, han condenado a seis años y cinco meses de prisión a Zoilo Pazos, sobrino de Ruiz-Mateos que actuaba como administrador de numerosas sociedades del grupo. Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada han recibido penas de entre tres y cinco meses por alzamiento de bienes.
Finalmente, los magistrados han establecido que los hermanos Ruiz-Mateos, al igual que Pazos y Romero, tendrán que indemnizar conjunta y solidariamente a los más de 4.100 inversores perjudicados que aportaron al menos 243 millones de euros mediante la compra de pagarés entre 2009 y 2011.
Paraísos fiscales
La Audiencia ha detallado que la empresa Nueva Rumasa operaba como un complejo conglomerado de sociedades bajo gestión común, pero sin matriz legal, sirviéndose de empresas en paraísos fiscales como Belice y Panamá. Gracias a esta estratagema podían mantener la opacidad del grupo.
El grupo acumulaba deudas millonarias a inicios de 2009 y necesitaba urgentemente 52 millones de euros para pagos inmediatos, con vencimientos por 197,5 millones ese año y otros 194,6 millones en 2010.
Como no fueron capaces de obtener financiación bancaria, los implicados lanzaron campañas publicitarias agresivas con las que ofrecían altos intereses por inversiones en sus empresas más conocidas. Al hacerlo, ocultaban deliberadamente la situación de insolvencia en la que se veían sumidos.
Los fondos que conseguían con esta táctica eran destinados a una caja común para redistribuirlos entre las sociedades del grupo. Lo obtenido de estas campañas fue la única fuente de ingresos netos entre 2009 y 2011. Además, una parte del dinero se destinó a gastos personales familiares.
Trataron de ocultarlo
Un inminente concurso de acreedores acontecido en marzo de 2011 hizo que los hermanos Ruiz-Mateos se pusiesen en contacto con Ángel de Cabo para intentar salvaguardar su patrimonio, transmitiendo las empresas e interponiendo testaferros.
La sentencia ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por los cerca de seis años que han pasado desde que el caso llegó a la Sala hasta la celebración del juicio. A esto se suma otro año hasta dictar sentencia.
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