Andalucía

Condenan a un alumno de un instituto de Sevilla por hackear la nube de su profesora para obtener los exámenes

El joven tendrá que realizar 55 días de servicios comunitarios y pagarle 1.000 euros a la docente.

Imagen de archivo de estudiantes realizando los exámenes

Imagen de archivo de estudiantes realizando los exámenesEFE

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El Juzgado de Menores número 1 de Sevilla ha condenado a un alumno de un instituto de Gines a pagarle a su profesora la cantidad de 1.000 euros en concepto de daño moral por acceder a su cuenta de Google Drive para conseguir los exámenes. Durante dos meses, el joven estuvo hackeando la cuenta de la educadora, según recoge la sentencia. La víctima guardaba en la nube no sólo distintos modelos de exámenes, también información de carácter personal.

La profesora se percató del hackeo tras recibir una notificación en su móvil. Tras tomar conciencia de que alguien estaba entrando sin su consentimiento en su cuenta, interpone una denuncia ante la Guardia Civil que emprende diligencias por un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Gracias a que la profesora tenía activada los sistemas de seguridad y verificación que autoriza como garantía saber si alguien está ingresando en una cuenta virtual, los investigadores descubren la dirección IP lo que permitió saber desde qué terminal se estaba accediendo de forma fraudulenta a la nube.

Las sospechas recaían sobre un alumno, ya que el dispositivo era el mismo que en fechas anteriores la profesora pilló guardándose al menor para copiar durante un examen. Finalmente, la Guardia Civil llama a ese número de teléfono y es el menor, que se encuentra en el instituto, el que responde a esa llamada.

Sacaba notas brillantes

El objetivo del alumno era conseguir los exámenes para sacar las mejores notas. "Durante dos meses, este joven tenía acceso al contenido de los exámenes y sus notas empezaron a ser brillantes", explica a Antena 3 Noticias Fran Peláez, abogado de Penaltech, que ha defendido a la profesora.

Por estos hechos y tras un acuerdo entre las dos partes, el juez le impone una indemnización de 1.000 euros y el cumplimiento de 55 días de trabajos en beneficio de la comunidad. "Es en lo que más interesada estaba mi cliente, que el castigo fuera educativo", concluye Peláez.

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