Los condenados por la ocupación de Fraguas: "Vamos a luchar hasta el final, sabemos que estamos haciendo algo bueno"

Los condenados por ocupar, rehabilitar y repoblar sin autorización el pueblo abandonado de Fraguas (Guadalajara) han hablado con el medio británico 'The Guardian', donde recogen todo lo ocurrido en este municipio castellano manchego.

Tal y como recoge 'The Guardian', Fraguas fue vaciado a finales de los años 60 como parte de un programa de reforestación y posteriormente utilizado como zona de entrenamiento para el ejército español.

Fue en 2013 cuando un grupo de jóvenes llegó hasta el lugar y comenzó a repoblar el pueblo con la bendición de algunos de los antiguos habitantes. En los últimos cinco años, los jóvenes reconstruyeron algunas casas, plantaron huertos y trabajaron para restaurar el cementerio de la aldea.

Sin embargo, el gobierno regional se opuso a estas actividades alegando que Fraguas se encuentra en un bosque público dentro del parque natural Sierra Norte y argumentnado que su presencia aumenta el riesgo de incendios.

Tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dictaminó que el colectivo había ocupado ilegalmente el lugar y condenó a los jóvenes a 18 meses de prisión y a una multa de 2.160 euros cada uno. Además se les ordenó reembolsar al gobierno regional el coste de la demolición de las áreas recientemente restauradas de Fraguas.

Jaime Merino, portavoz del colectivo, ha calificado esta sentencia de devastadora y aseguró que haría un llamamiento. "Pensamos que seríamos absueltos. Creímos que el juicio había ido bien", asegura en declaraciones a 'The Guardian'. "Había muchas otras formas de hacerlo. No tenían que llevarlo a juicio. Podría haber habido negociaciones en su lugar, pero fueron por la vía criminal, que es la más difícil", lamenta Merino sobre la decisión tomada por el gobierno regional.

El portavoz del colectivo lamenta además que no tienen dinero para pagar las multas. "No son solo las multas, sino el coste de la demolición, que será decidido por el gobierno regional", explica Merino, que añade que "si no tenemos el dinero para las multas y la demolición, traducirán las multas en tiempo de prisión, lo que aumentará la sentencia y terminaremos en la cárcel".

"Estamos bastante asustados pero no hemos perdido la esperanza. No hemos decidido dejarlo todo y volver a la ciudad. De ninguna manera. Vamos a luchar contra esto hasta el final. Estamos convencidos de que estamos haciendo algo bueno, no solo por nosotros, sino también por los antiguos habitantes, que nos han apoyado", asegura Merino.