Cada 18 minutos muere una persona en España mientras espera la ayuda por dependencia

España vive una situación alarmante en su sistema de dependencia con datos que muestran una crisis que afecta a miles de familias y personas vulnerables en 2025 según un informe reciente del Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales

Durante los primeros diez meses del año han muerto 27.217 personas que estaban en la lista de espera para recibir ayudas o servicios por dependencia en España. Esa cifra equivale, en promedio, a una muerte cada 18 minutos. El informe precisa que de esas muertes, 14.817 personas estaban pendientes de que se resolviera su grado de dependencia y 12.400 personasya tenían reconocido su derecho, pero no habían recibido la prestación o el servicio correspondiente.

El 31 de octubre de 2025 había en España 1.750.070 personas con dependencia reconocida, 113.313 más que en 2024, además 120.698 personas aún pendientes de ser valoradas. Esto refleja que aproximadamente un 3,5 % de la población española necesita apoyos de una u otra intensidad para llevar a cabo actividades básicas de la vida diaria.

Perfil de los afectados

El perfil de quienes esperan la ayuda sitúa a las personas mayores como las más afectadas: tres de cada cuatro dependientes reconocidos tienen más de 65 años, y más de la mitad tienen más de 80 años. Además, el 62 % de las personas beneficiarias son mujeres.

El sistema de tramitación revela demoras persistentes: el tiempo medio de resolución de un expediente ha subido a 350 días, muy por encima del límite legal de 180 días y en regiones como Región de Murcia, Andalucía o Canarias los retrasos pueden acercarse a los 500 días. A finales de octubre de 2025 unas 154.619 personas tenían reconocido su derecho pero seguían esperando recibir la prestación o el servicio, lo que representa un 8,8 % del total de quienes ya han sido valorados.

La gente se muere sin recibir ayuda

Estos datos evidencian que muchas personas que deberían recibir apoyo mueren sin haberlo obtenido aún y revelan un colapso del sistema de atención a la dependencia, con consecuencias directas sobre la dignidad, la calidad de vida y la igualdad de oportunidades para las personas más vulnerables.

El informe urge a que se considere la atención a la dependencia como una "urgencia social", reclama una financiación suficiente y pide reformas estructurales: agilización de la valoración, simplificación burocrática, mejora de los servicios de atención, impulso a la figura del asistente personal y coordinación real entre administraciones. Lo que está en juego no son solo cifras, sino vidas humanas que esperan cuidados y derechos reconocidos.

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