El Congreso avala por unanimidad el decreto que desarrolla la ley ELA y crea un nuevo grado de dependencia extrema

El Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles, por unanimidad, el real decreto ley que despliega las medidas de la conocida como ley ELA y que reconoce a las personas en fase avanzada de esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades neurológicas irreversibles el derecho a una prestación de hasta 10.000 euros al mes.

La iniciativa ha salido adelante con 346 votos a favor y ninguno en contra, tras un debate en el que todos los grupos han respaldado el texto, aunque con reproches por el tiempo transcurrido desde la aprobación de la norma.

Un nuevo grado de dependencia extrema

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido el decreto en el hemiciclo. Ha subrayado que el objetivo es que las personas con ELA y otras patologías irreversibles "por fin van a contar con una protección y un acompañamiento por parte de los poderes públicos".

El texto crea un nuevo nivel dentro del sistema de dependencia, el Grado III+, que se dirige a personas con enfermedades neurológicas que requieren cuidados de alta complejidad y atención continuada.

Este encaje específico pretende garantizar cobertura personalizada las 24 horas y situar en un marco estable la prestación económica que podrá alcanzar los 10.000 euros mensuales para los casos en fase más avanzada.

El real decreto ley incorpora además un refuerzo financiero del sistema de dependencia: se consignan 500 millones de euros para sostener esa atención "intensiva y personalizada" a las personas afectadas por esclerosis lateral amiotrófica en fases avanzadas, de acuerdo con la formulación que recoge el propio texto.

Consenso parlamentario y reproche por los plazos

Durante su intervención, Bustinduy ha agradecido el respaldo de todos los grupos de la Cámara, "más allá de alguna excepción esperable", y ha valorado que se haya articulado un consenso en torno a este desarrollo normativo.

Ha defendido que "propiciar estos acuerdos y empujarlos no invalida ninguna estrategia política, no supone una concesión ni una derrota y no es algo que ningún electorado vaya a ver negativamente".

En esa línea, el ministro ha destacado que "la política social tiene esa capacidad de suspender el enfrentamiento gratuito e improductivo para poder convertirse en acuerdos, en consensos, en avances para mejorar el conjunto de nuestros servicios públicos".

Los grupos parlamentarios han votado a favor de la convalidación del decreto, pero han subrayado que la financiación para aplicar las medidas llega tarde.

Han recordado que ha transcurrido un año desde la aprobación de la ley, periodo en el que las familias afectadas han seguido reclamando la puesta en marcha efectiva de las ayudas y del nuevo marco de protección.

Coordinación con las comunidades autónomas

Bustinduy ha aludido también al trabajo con las comunidades autónomas para hacer operativo el nuevo grado de dependencia. Ha asegurado que el despliegue de la norma se está abordando con las administraciones territoriales para que el desarrollo y el aterrizaje del decreto se produzcan "con la mayor celeridad, fiabilidad y coherencia posible" y sin invadir competencias autonómicas.

Con la convalidación en el Congreso, el decreto que desarrolla la ley ELA queda incorporado al ordenamiento, a la espera de su aplicación en cada territorio. El reto inmediato pasa por traducir el nuevo grado de dependencia extrema en resoluciones concretas de reconocimiento y en prestaciones efectivas para las personas que ya se encuentran en fases avanzadas de la enfermedad.

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