Ana Julia Quezada y su pareja declaran por las amenazas a la madre de Gabriel Cruz, 'el pescaíto', desde prisión

Cita judicial este miércoles para Ana Julia Quezada, condenada por matar a Gabriel Cruz, el niño de Almería conocido como 'El Pescaíto'. Quezada tiene que prestar declaración por amenazas de muerte contra la madre de Gabriel. La actual pareja de Ana Julia también declara, ambas lo harán por videoconferencia. Por su parte, Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, sí acudirá en persona al tribunal en calidad de perjudicada. Asegura que empezó a recibir esas amenazas tras conseguir paralizar un documental que estaba preparando dentro de prisión. Es el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería el que toma declaración.

Gabriel Cruz fue asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada, quien cumple prisión permanente revisable por esos hechos. Ana Julia comparece desde el centro penitenciario de Brieva (Ávila), donde se encuentra recluida.

La denuncia de Patricia Ramírez

La causa comenzó a raíz de la denuncia presentada por Patricia Ramírez el pasado 31 de diciembre, en la que alertó de supuestas amenazas de muerte recibidas indirectamente desde prisión

Durante la misma jornada también se prevé la declaración de la propia denunciante, en calidad de perjudicada, así como la de otro ciudadano citado como testigo.

Son diligencias que se enmarcan en una investigación más amplia en la que ya han declarado varias internas que habrían presenciado o tenido conocimiento de las amenazas. Una de ellas prestó testimonio el 2 de junio y aseguró que Quezada manifestó su intención de "matar" a Patricia Ramírez por haber "boicoteado" el documental que pretendía grabar desde prisión.

Según la denunciante, ese proyecto se habría frustrado tras ser descubierto un presunto acceso irregular a teléfonos móviles, con la supuesta connivencia de funcionarios, asunto que instruye el Juzgado número 4 de Ávila en una causa paralela. El avance de esa investigación motivó también que el juez decidiera citar como investigada a la pareja de Quezada, M.A.R.Q., quien ya había declarado a finales de junio en ese otro procedimiento.

El juez instructor también ha acordado tomar declaración a varias internas mencionadas por la primera testigo y a una tarotista que, según la acusación, habría tenido contacto con la pareja de Quezada. La acusación mantiene que esta persona podría haber actuado como intermediaria o facilitadora, por lo que se solicitó su testifical para esclarecer su papel en los hechos.

En un primer momento, la causa fue archivada de forma provisional, pero se reabrió tras la interposición de un recurso y la solicitud de nuevas pruebas por parte de la acusación. Ramírez aseguró en rueda de prensa haber sentido "miedo" y "alarma" al conocer el supuesto deseo de venganza de Quezada, de manera que solicitó protección para sus datos personales tras recibir llamadas de origen desconocido.

Patricia Ramírez acude a declarar

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, ha acudido este miércoles a la Ciudad de la Justicia de Almería para declarar en la causa que investiga unas presuntas amenazas de muerte procedentes del entorno de Ana Julia Quezada, la mujer condenada por el asesinato de su hijo en 2018.

Acompañada por su abogada, Ramírez ha llegado a primera hora y ha evitado hacer declaraciones, aunque ha admitido que no es "agradable tener que volver aquí, menos para esto". La investigación, impulsada tras una denuncia presentada el pasado 31 de diciembre, apunta a supuestas amenazas lanzadas desde prisión por Quezada a través de terceras personas.

El Juzgado de Instrucción número 1 ha citado a declarar a cuatro personas: la denunciante, la pareja actual de Quezada, un testigo presencial y la propia condenada. Las dos investigadas lo harán por videoconferencia.

La causa fue reabierta tras el testimonio de una interna de la prisión de Brieva que aseguró haber presenciado amenazas directas. En paralelo, otro juzgado investiga un supuesto intento de grabar un documental desde prisión con la ayuda de funcionarios.

Ana Julia Quezada cumple prisión permanente revisable por el asesinato del menor, ocurrido en Níjar en 2018.

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