Ley de Nietos

"Es una reparación histórica", la lucha de los bisnietos y tataranietos por conseguir la nacionalidad española

La historia de Luis Lucio, emigrado a Venezuela a finales del siglo XIX, se repite en cientos de descendientes que, como su bisabuelo, Freddy Mena, buscan regularizar su situación. La decisión final vuelve a estar en manos de los consulados tras meses de demoras.

Entrevista a Freddy Mena, bisnieto venezolano y María Gabriela Aguilar, Directora General de AMS Abogados.

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La historia familiar comenzó hace más de un siglo. Luis Lucio nació en Tenerife en 1881 y, años más tarde, emigró a Venezuela siendo apenas un niño doce años. Casi 150 años después, su bisnieto, Freddy Mena, busca recuperar el vínculo legal con la tierra de su antepasado solicitando la nacionalidad española a través de su madre. El objetivo actual de la familia es que ella obtenga primero la ciudadanía para que, posteriormente, puedan adquirirla sus hijos.

El de la familia de Luis Lucio no es el único caso. Aunque la conocida como Ley de Nietos no contempla explícitamente a los bisnietos en su texto inicial, se han ido abriendo vías legales. Según explica María Gabriela Aguilar, Directora General de AMS Abogados, se hicieron interpretaciones posteriores que, en principio, quedaron a criterio de cada consulado.

Esto significa que la decisión final recae directamente en la sede consular española correspondiente. En este sentido, bisnietos y tataranietos cubanos ya han empezado a recibir respuesta, y la contestación ha sido favorable: se les reconoce la nacionalidad española. Al ser considerados además españoles de origen, este derecho pasará directamente a sus hijos, tanto menores como mayores de edad, un matiz que los expertos consideran fundamental.

El gran problema al que se enfrentan los solicitantes son las demoras burocráticas. En sedes con un alto volumen de expedientes, como Caracas o La Habana, se ha tardado hasta dos años en contestar, mientras que en Estados Unidos casi ningún consulado ha respondido a tiempo. Aun así, los afectados coinciden en que la espera merece la pena para lograr lo que consideran, ante todo, una reparación histórica.

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