Departamento de Justicia

Estados Unidos abre una investigación sobre la legalidad de las prácticas de la Policía de Minneapolis

El departamento de Justicia anuncia que va a abrir una investigación sobre las prácticas policiales y el uso de la fuerza que hacen los agentes en Minneapolis. El anuncio llega después de que que declaren culpable a Chauvin por la muerte de George Floyd.

Protesta en Minneapolis durante el primer día de juicio contra Derek Chauvin por la muerte de George Floyd

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anuncia que ha abierto una investigación sobre la legalidad de las prácticas de la Policía de Mineápolis, un día después de que Derek Chauvin, exagente del cuerpo de policía, fuese declarado culpable de la muerte de George Floyd.

"Hoy anuncio que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación civil para determinar si el Departamento de Policía de Minneapolis tiene un patrón o prácticas policiales que son inconstitucionales o ilegales", anunciaba así la investigación el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland.

Sobre la condena contra Chauvin, el fiscal ha admitido que "no aborda problemas policiales potencialmente sistémicos", por lo que esta investigación revisará "si hay uso excesivo de fuerza, discriminación y otros abusos".

Los investigadores hablará tanto con la ciudadanía "para escuchar sus experiencias con la policía" y también conversará con los agentes sobre la formación que reciben dentro del departamento policial.

La indignación de la comunidad afroamericana de Mineápolis tras el fallecimiento de Floyd desencadenó una oleada de protestas en Estados Unidos.

Declaran culpable al expolicia por la muerte de George Floyd

La investigación sobre el uso de la fuerza que hacen los agentes en esta ciudad estadounidense se produce después de que se anunciase el veredicto del caso contra Dereck Chauvin, que fue declarado culpable de tres delitos: asesinato involuntario en segundo grado; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que puede llegar hasta 10 años de cárcel.

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