Caso Leire Díez
La UCO registra Tubos Reunidos por orden de la Audiencia Nacional en el marco del caso Leire Díez
Los agentes buscan documentación relacionada con el rescate público concedido a la compañía mientras la investigación analiza posibles conexiones con la presunta trama investigada.
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Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado en instalaciones de Tubos Reunidos. Los registros se han desarrollado tanto en la sede de la compañía en Bilbao como en una de sus plantas situadas en Amurrio (Álava), por orden del juez Santiago Pedraz. Paralelamente, los investigadores también han solicitado documentación a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo que concedió el rescate público a la empresa.
Según fuentes del caso, las actuaciones se centran en la búsqueda de pruebas documentales y no contemplan, por el momento, la práctica de detenciones.
El rescate bajo la lupa
Las diligencias están relacionadas con el análisis de los fondos públicos concedidos a Tubos Reunidos durante la crisis económica derivada de la pandemia.
La investigación trata de determinar si existió algún tipo de intermediación irregular vinculada a la concesión de ayudas por parte de la SEPI y si parte de esos movimientos económicos guardan relación con la presunta trama que investiga la Audiencia Nacional.
El rescate concedido a la compañía ascendió a 112,8 millones de euros y figura entre las operaciones que aparecen reflejadas en el procedimiento judicial.
Colaboración con los investigadores
Durante toda la mañana, varios agentes de la UCO permanecieron en las oficinas de la empresa en Bilbao recopilando información. Fuentes próximas a la compañía han asegurado que Tubos Reunidos está colaborando con los investigadores y facilitando la documentación requerida.
La presencia policial se ha desarrollado con discreción y sin un despliegue visible en el exterior de las instalaciones.
El nombre de Tubos Reunidos apareció en la causa a finales de 2025, tras la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso, administrador de Servinabar y considerado próximo al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
Según las investigaciones judiciales, los tres habrían formado parte de un grupo de WhatsApp denominado 'Hirurok', desde el que supuestamente impulsaban actuaciones dirigidas a influir en determinadas decisiones administrativas y licitaciones públicas.
Una de las operaciones analizadas por la Audiencia Nacional es precisamente la ayuda pública concedida a Tubos Reunidos. El magistrado instructor sostiene que pudo existir una labor de intermediación por parte de algunos de los investigados para favorecer la concesión de ese rescate.
La causa también examina una facturación de 114.950 euros atribuida a Mediaciones Martínez, una operación que los investigadores consideran relevante para esclarecer el recorrido de los fondos y el papel desempeñado por los distintos implicados.
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