La reacción de Isabel Díaz Ayuso tras la decisión de la Fiscalía Europea sobre su hermano: "Falta la ONU por pronunciarse"

La Fiscalía Europea ha reclamado a la Fiscalía Anticorrupción la investigación abierta por el contrato de venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid relacionado con el hermano de la presidenta de la autonomía, Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su molestia por este hecho en un acto en Brunete este viernes. "No sé por cuántos organismos más se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así. Después de tantos organismos solo falta la ONU por hacerlo", ha señalado la presidenta. Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que "no hay ningún tipo de corrupción" en los contratos por las mascarillas, como ya "demostró Anticorrupción".

La investigación sobre el contrato de mascarillas

El pasado 22 de febrero, la Fiscalía de Anticorrupción abrió una investigación para averiguar si se cometieron delitos en el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas al inicio de la pandemia del coronavirus y la Comunidad de Madrid adjudicó a una empresa relacionada con un hermano de Isabel Díaz Ayuso, y por el que su hermano habría cobrado 55.000 euros. También el Partido Popular abrió un expediente para investigar sobre la causa, uno de los motivos de la crisis interna en la formación y que se cerró a principios de marzo.

La representante de la Fiscalía Europea en España, ha reclamado las diligencias que se hayan practicado después de que el Servicio Nacional de Cooperación Antifraude remitiera un informe a la Fiscalía Europea sobre los hechos. Entiende que la Fiscalía Europea tiene "competencia exclusiva" para abrir una investigación por supuesta malversación en la adjudicación del contrato de mascarillas. Discrepa con que los delitos que Anticorrupción investiga sean "indisociables" a esa supuesta malversación comunitaria y cree que a la Fiscalía no le corresponde investigar los supuestos delitos conexos con esa presunta malversación: tráfico de influencias, prevaricación o negociaciones prohibidas a funcionarios.