Crisis PP
La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación por el contrato de las mascarillas vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso
Anticorrupción ha abierto una investigación para esclarecer el contrato de mascarillas por el que el hermano de Ayuso recibió 55.850 euros.
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La Fiscalía Anticorrupción ha iniciado una investigación para aclarar el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Anticorrupción abre diligencias
Anticorrupción abre diligencias tras las denuncias interpuestas por varios partidos de la Asamblea de Madrid como Unidas Podemos, PSOE y Más Madrid. Según advierte el organismo esto no presupone ninguna imputación, pero sí es un trámite que permite pedir información a diferentes organismos como Hacienda y llamar a declarar a los implicados como el empresario o Tomás Díaz Ayuso.
Unidas Podemos considera que el hermano de la dirigente regional negoció con el Gobierno de Madrid y que consiguió una "comisión" por ello. Por su parte, el PSOE advierte que en dicho contrato pudo haberse cometido "tráfico de influencias" y "malversación de caudales públicos", mientras que Más Madrid asegura que en este trámite hubo "cohecho".
"Las tres denuncias se limitan a solicitar de la Fiscalía Especial la incoación de Diligencias de Investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos en ellas relatados, en las que, si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid", detalla el Ministerio, cuya investigación estará a cargo del Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, Alejandro Luzón.
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La presidenta confirmó que su hermano cobró más de 55.000 euros
La decisión de Anticorrupción se produce días después de que la presidenta madrileña aclarase que su hermano cobró 55.850 euros de la empresa Priviet Sportive. En su declaración especificó que este importe no era por obtener un contrato con la Administración regional, sino que constituía una especie de comisión por las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en plena pandemia del coronavirus.
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