La Fiscalía Europea reclama la investigación al hermano de Ayuso por posible malversación de fondos comunitarios

La Fiscalía Europeaha reclamado toda la causa del contrato de venta de mascarillas del hermano de la presidentade la Comunidad de Madrid. El departamento fiscal europeo cree que puede existir un fraude en las subvenciones porque la operación fue ejecutada con fondos europeos FEDER, que son de su competencia.

Fiscalía advierte posible malversación de fondos comunitarios

Sin embargo, Anticorrupciónresponde a la Fiscalía con una negativa a entregar las diligencias. Considera que "no se aprecia que haya podido cometerse un delito de malversación de fondos comunitarios ya que el dinero público fue empleado para la compra de mascarillas" y rechaza que sean los Tribunales europeos el que tenga que investigar los delitos puesto que "habrían sido cometidos por ciudadanos españoles y por lo tanto es competencia de Fiscalía española".

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha planteado una cuestión de competencia y el lunes 28 de marzo a las 10:00 de la mañana se reunirá la junta de fiscales de Sala para, junto a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado. Tendrán que decidir si acceden a la petición de la Fiscalía europea y trasladan la investigación, o siguen con ella como pretende Anticorrupción.

Ayuso critica la fiscalización de la historia

En un acto hoy en la localidad madrileña de Brunete, Isabel Díaz Ayuso ha respondido a la noticia: "La fiscalía ha corregido la información. Ha dejado claro que no hay delito, ni corrupción. Lo mismo que ha manifestado la Cámara de Cuentas que es un organismo independiente y se ha valorado en la comisión contrataciones de la Asamblea de Madrid. No sé en cuantos organismos más se va a fiscalizar esta historia. No sé a quién le interesa hacerlo así, después de tantos organismos falta la ONU por pronunciarse al respecto".

Fuentes fiscales explican que España no puede impedir que se abra una investigación por parte de la Fiscalía europea pero sí puede oponerse a que asuma la totalidad de las pesquisas que pueden afectar a funcionarios españoles y deben ser investigadas por fiscales españoles