Ley trans
El PSOE propone que sea un juez el que autorice que los menores de 16 años puedan cambiar de sexo
El grupo parlamentario socialista propone modificar el proyecto de ley trans para que los menores de 16 años y mayores de 12 necesiten una autorización judicial para poder cambiar de sexo en el registro.
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Este lunes, el PSOE presenta sus enmiendas en el Congreso por la ley trans. La enmienda más destacada es que los menores de 16 años tendrán que tener el permiso de un juez para cambiar su sexo.
También se pedirá ese aval judicial si se arrepienten y quieren volver al sexo anterior. Dice el partido socialista que así la ley es más garantista, aunque Unidas Podemos no está de acuerdo con estas modificaciones.
"Las personas menores de dieciséis años y mayores de doce podrán solicitar la autorización judicial para la modificación de la mención registral del sexo en los términos del capítulo I bis del título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria", dice el borrador de enmienda del grupo socialista.
El proyecto que el Gobierno envió al Parlamento tras duras negociaciones en el seno del gabinete permite el cambio de sexo registral desde los 12 años, pero solo exige la intervención del juez entre los 12 y los 14 años. Entre los 14 y los 16 basta con que el menor esté asistido por padres o tutores y a partir de los 16 no fija requisitos.
El PSOE defiende que con esta propuesta se cumple con la resolución del CGPJ, que no consideraba "adecuada" la libre autodeterminación de género en los menores de 16 años que "carezcan del suficiente grado de madurez o cuya situación de transexualidad no esté estabilizada”.
Aunque la ministra de Igualdad, Irene Montero, subrayó que no admitiría más retrasos en la tramitación de la ley, ni recortes a los derechos acordados en el Ejecutivo, fuentes de su departamento evitaron comentar el viernes las propuestas socialistas y pidieron esperar al registro de las enmiendas.
A pesar de que los socialistas han decidido presentar sus enmiendas este lunes, el plazo no concluye formalmente hasta el miércoles, si no hay nuevas ampliaciones.
Protección del colectivo LGTBI
Además, quiere reforzar la protección del colectivo LGTBI en el ámbito rural e incluye el estudio del "sexilio", entendiendo éste como "el abandono de las personas LGTBI de su lugar de residencia por sufrir rechazo, discriminación o violencia, dándose especialmente en las zonas rurales".
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En este sentido, quiere que, en el plazo de un año desde la aprobación de la norma, a través del Consejo de Participación de las personas LGTBI, se establezcan los mecanismos adecuados para recabar datos sobre la migración del colectivo dentro de España, y con ellos "se contemplará, en su caso, como causa de despoblación".
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