El proceso abierto por el que el Tribunal de Cuentas le reclama a una treintena de ex altos cargos independentistas 5,4 millones de euros por el empleo de dinero público para el denominado Diplocat y las "embajadas catalanas" con el fin de promocionar el referéndum del 1-O de 2017 está marcando la agenda política de esta semana.
Tras los indultos, los principales afectados por esta demanda, así como sus partidos o los propios socios de Gobierno de Pedro Sánchez, piden que se conmute esta pena.
Carles Puigdemont dijo que se trataba de un "robo" y tachó a la democracia española de "franquista". Unas declaraciones similares a las realizadas por Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, que se refirió al Tribunal de Cuentas como "un chiringuito antidemocrátrico". El líder de ese mismo partido, Oriol Junqueras, que salió de la cárcel la semana pasada, apuntó que la justicia española "quiere quitarnos las casas de nuestros hijos".
La Abogacía del Estado no interviene
Hoy, en Espejo Público, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hablado sobre el asunto, poniendo el foco en el papel de la Abogacía del Estado, que ha optado por no intervenir en el proceso y no ha presentado alegaciones.
Esta decisión obedece, según Robles, a que se ha seguido "la doctrina marcada por el propio Tribunal de Cuentas".
"El propio Tribunal de Cuentas, en un supuesto muy parecido, dijo que la Abogacía del Estado no tenía legitimación. En este caso, por lo tanto, se ha seguido el mismo criterio", ha señalado.
Fecha límite: 21 de julio
El acta definitiva presentada por el Tribunal de Cuentas cifra la cantidad desviada en 5.422.411 euros, cantidad ligeramente inferior a la del borrador presentado la víspera, que era de 5.422.879 euros.
Ese montante es el que se exige que los acusados presenten como fianza de forma solidaria, en conjunto, en el plazo de 15 días hábiles, que concluirá el 21 de julio, aunque habitualmente se da cierta flexibilidad temporal si se requieren avales o tasaciones, y en el caso de que no depositar la cantidad exigida comenzarían a tramitarse los embargos.
Los 5,4 millones deben ser abonados por el conjunto de los 34 ex altos cargos a los que se mantiene la acusación, después de que 8 personas hayan sido exoneradas tras escuchar la delegada instructora sus alegaciones.
